El Universal informó que fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos revelaron un presunto acercamiento legal de abogados del senador Enrique Inzunza ante autoridades estadounidenses. El legislador respondió rechazando los señalamientos y aseguró que enfrentará cualquier acusación por la vía institucional.
Tras ser acusado de narcotráfico y posesión de armas, abogados del senador Enrique Inzunza buscan un acuerdo de cooperación judicial con autoridades estadounidenses, según reportó El Universal.
Según la publicación, dicha gestión estaría relacionada con la posibilidad de que el legislador accediera al estatus de testigo cooperante, una figura utilizada en investigaciones federales estadounidenses cuando una persona aporta información relevante a cambio de beneficios procesales.
Hasta el momento, no existe confirmación pública oficial del senador sobre ese presunto trámite.
De acuerdo con la versión citada por el medio nacional, una fuente estadounidense explicó que una persona investigada que se entrega y colabora puede entrar bajo la figura de testigo cooperante.
Además, si existe riesgo real de represalias, también podría ser integrada al programa de protección de testigos conocido como WITSEC.
Especialistas señalan que ambos mecanismos son distintos, aunque en algunos casos pueden operar de forma simultánea.
La información publicada sostiene que en documentos del Departamento de Justicia se menciona a Enrique Inzunza por presuntos vínculos con actores del crimen organizado en Sinaloa.
Entre los señalamientos se le ubicaría como supuesto enlace político entre integrantes de la facción conocida como Los Chapitos y funcionarios del gobierno estatal.
También se menciona presunta participación en acuerdos para favorecer estructuras de protección institucional, según la acusación referida por el medio.
Hasta ahora, esas imputaciones no han sido probadas judicialmente en México.
Tras difundirse los señalamientos, el senador Enrique Inzunza emitió un posicionamiento público donde negó categóricamente cualquier conducta ilícita.
Afirmó que dedicó más de 25 años al servicio judicial en Sinaloa y sostuvo que su trayectoria ha estado basada en el respeto a la ley.
Asimismo, calificó las acusaciones como falsas y dolosas, y aseguró que responderá a cada una de ellas desde el ejercicio de su cargo y mediante los canales legales correspondientes.
En su mensaje, Inzunza indicó que acudirá puntualmente a cualquier citación o llamado que formulen las autoridades competentes dentro del marco constitucional mexicano.
También expresó respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar coincidencia con los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.
La controversia se presenta luego de la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa y en medio de investigaciones federales relacionadas con seguridad y gobernabilidad en la entidad.
Analistas consideran que el caso podría tener repercusiones políticas tanto en el Senado como en el escenario electoral y judicial del país.
