Con al menos cinco funcionarias, tanto de nivel estatal como municipal, han sido separadas de sus cargos y están bajo investigación por figurar como beneficiarias de los programas “Mujer es Poder” y “Mujer es Vida” de la Secretaría del Bienestar (Sebien).
Esto luego de que la Secretaría de la Contraloría (Secoes), por instrucción de la gobernadora Mara Lezama, iniciara una investigación sobre el registro de servidores públicos que no son sujetos de los programas sociales que están destinados a la población más vulnerable del Estado.
El primer caso evidenciado y que originó esta investigación fue el de la encargada del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Secretaría del Bienestar, Rosario de los Ángeles Abán Mukul, quien era beneficiaria del programa “Mujer es Poder” a pesar de no entrar dentro de los grupos vulnerables.
Desde su cargo, Abán Mukul percibía ingresos por alrededor de 38 mil pesos mensuales, aun así, se aprovechó de los apoyos económicos y alimentarios que otorga el gobierno del Estado a través de “Mujer es Poder”.
Posteriormente fue exhibida Breya Hodich Alcocer, quien se desempeñaba como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) en José María Morelos, que con ingresos de unos 12 mil pesos mensuales también recibía los beneficios del programa estatal “Mujer es Poder”.
De igual manera salió a la luz el caso de la que era directora de Atención a Rezago Alimentario en la Zona Norte, Yeseña Marleni Escalera Valencia y el de la jefa del Departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social en la Zona Norte, Ana Luisa Chavez Mah Eng, cuyos sueldos rondaban entre los 25 mil y 35 mil pesos mensuales y, aunque no lo necesitaban, eran beneficiarias y recibían los apoyos del programa “Mujer es Vida”.
En el caso del municipio de Othón P. Blanco, fue destituida la directora de Desarrollo Social, Janely Monroy Rodríguez, por estar en el padrón de beneficiarias del programa “Mujer es Vida”. Desde su cargo, Janely Monroy percibía ingresos por arriba de los 40 mil pesos mensuales.
Por incurrir en actos de corrupción al hacer mal uso de los programas sociales, las citadas funcionarias fueron dadas de baja de manera inmediata de los programas sociales y también separadas de sus cargos.
Adicional a esto, la Secoes ha iniciado una auditoria profunda para garantizar que los programas sean aprovechados por el sector al que van dirigidos, de manera que se cuiden los recursos del pueblo para que se destinen en quienes menos tienen.
Se trabaja en la investigación y en caso de encontrar algún otro caso, se procederá de la misma manera y se estará informando de los avances de esta auditoría, informó la Secoes.
