Gabinete de Seguridad confirma que agentes de la FGE Q.Roo liberaron a José Gil, sobrino de Caro Quintero

El Gabinete de seguridad federal han confirmado un impactante caso de corrupción en Quintana Roo, México, en el que agentes de la Fiscalía General dejaron en libertad a José Gil Caro Quintero, alias «Pelo Chino,» uno de los líderes del Cártel de Caborca y sobrino del notorio capo Rafael Caro Quintero, a cambio de un soborno millonario.

El jueves por la madrugada, «Pelo Chino» fue detenido por la Policía Municipal de Tulum en un restaurante local, junto a una mujer y dos individuos armados. Se esperaba que las autoridades estatales actuasen de acuerdo con la ley, pero se ha revelado que los agentes municipales entregaron al capo a cuatro elementos de la Policía Ministerial de Quintana Roo, que, sorprendentemente, lo liberaron después de recibir un soborno estimado en 15 millones de pesos, un acto de corrupción que se mantuvo en secreto, de acuerdo con EL UNIVERSAL.

La Fiscalía de Quintana Roo ha iniciado una investigación que resultó en la detención de tres de los agentes involucrados. Están siendo interrogados por su papel en la liberación de «Pelo Chino,» quien es buscado por las autoridades de los Estados Unidos debido a sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

José Gil Caro Quintero asumió un papel de liderazgo en el Cártel de Caborca en Quintana Roo después de la detención de su sobrino, Rubén Payán Adame, con el objetivo de consolidar el tráfico de drogas y armas procedentes de Centroamérica y Sudamérica. Desde la captura de Rafael Caro Quintero en julio de 2022, el Cártel de Caborca ha estado en manos de sus sobrinos, incluyendo a José Gil Caro Quintero, Rodrigo Páez Quintero (conocido como «El R»), Ramón Quintero Páez (conocido como «El Tiko»), y Juan Pablo Quintero Martínez (conocido como «El Pablito»).

Según los informes de inteligencia, «Pelo Chino» es responsable del tráfico de grandes cantidades de narcóticos desde Sudamérica, que ingresan a México a través de las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Debido a sus actividades ilegales, el gobierno mexicano lo tiene en la lista de objetivos prioritarios, y la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos) ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura.

Este caso de corrupción destaca la persistente lucha que México enfrenta en su batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, donde la corrupción institucional sigue siendo un obstáculo significativo para lograr la justicia y el orden. Las investigaciones y acciones contra los oficiales implicados son un paso importante hacia la rendición de cuentas y la restauración de la confianza en las fuerzas de seguridad.

Vía El universal.

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