La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se deben presentar pruebas en las acusaciones contra los diez funcionarios acusados por Estados Unidos de narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e insistió en que el debido proceso debe respetarse conforme al marco legal vigente.
Durante su posicionamiento, sostuvo que ninguna persona puede ser considerada culpable sin que se demuestre su responsabilidad.
Señaló que la Fiscalía es la instancia encargada de analizar los elementos disponibles y, en caso necesario, solicitar evidencia adicional para sustentar cualquier investigación. Subrayó que el principio de presunción de inocencia rige en el país y debe aplicarse sin distinción.
Postura ante acusaciones públicas
Durante su conferencia Mañanera, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre señalamientos provenientes de actores políticos de oposición y alguno comunicadores, quienes han planteado que se encubre a un gobernador. Indicó que estas afirmaciones no destacan que su administración ha solicitado pruebas para esclarecer los hechos.
“Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable”, expresó, al reiterar que el Estado de derecho implica apego a las leyes y a la Constitución. Añadió que no es correcto emitir juicios anticipados sin sustento jurídico.
Sobre la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, explicó que existe un acuerdo basado en principios definidos con instituciones del Departamento de Estado. Precisó que esta colaboración contempla respeto a la soberanía, coordinación y cumplimiento de procedimientos formales.
Asimismo, recordó que ambos países están sujetos al tratado de asistencia jurídica mutua de 1987, el cual establece la obligación de aportar pruebas, respetar la confidencialidad y seguir canales legales en casos como detenciones o extradiciones.
Límites de la cooperación internacional
La presidenta señaló que la colaboración bilateral no debe derivar en intervencionismo ni vulnerar la soberanía nacional. Indicó que existe una línea clara entre cooperación y acciones que puedan considerarse injerencia.
Finalmente, reiteró que cualquier proceso legal debe conducirse dentro del marco jurídico mexicano, con base en pruebas y bajo la responsabilidad de las autoridades competentes.
