El Tribunal Unitario Agrario resolvió a favor del ejido Morocoy en el conflicto que mantiene con el INAH por cerca de 300 hectáreas donde se ubican las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, abriendo la puerta a una conciliación para el pago de la indemnización correspondiente.
Ejidatarios ven avance tras más de dos años de litigio
Tras una audiencia celebrada en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), ejidatarios de Morocoy, en el sur de Quintana Roo, lograron un avance significativo en el litigio que mantienen con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El conflicto se ha prolongado por más de dos años y está relacionado con aproximadamente 300 hectáreas de terrenodonde se localizan las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, tierras que forman parte del ejido.
De acuerdo con los ejidatarios, han solicitado al INAH un pago justo por la expropiación y aprovechamiento de estos terrenos.
Tribunal abre posibilidad de conciliación
Durante la audiencia más reciente, la autoridad agraria determinó que existen elementos suficientes para buscar una conciliación entre las partes, lo que permitiría avanzar hacia el pago de una indemnización al núcleo agrario.
La resolución fue dada a conocer por la comisariada ejidal de Morocoy, Sonia Méndez Lile, quien señaló que el tribunal instruyó a ambas partes a sentarse a dialogar para alcanzar acuerdos.
Según explicó, el objetivo es establecer las condiciones para la expropiación formal y el pago correspondiente por las tierras en litigio.
Esperan apertura del INAH para resolver el conflicto
La representante ejidal indicó que esperan que el INAH muestre disposición para avanzar en el proceso, ya que anteriormente percibieron una postura cerrada por parte de la dependencia.
Con la resolución del tribunal, ahora buscan que exista mayor apertura para alcanzar un acuerdo antes del 29 de mayo, fecha en la que se celebrará la próxima audiencia del caso.
“El magistrado considera que existen elementos para poder conciliar, incluso con el Gobierno del Estado como mediador, para lograr una evaluación del lugar y preservar el circuito sur-sureste”, explicó Méndez Lile.
Ejido realizó su propia valuación de los terrenos
La comisariada recordó que el ejido realizó su propia valuación de las tierras, independiente a la que realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Según sus estimaciones, el valor podría alcanzar alrededor de 45 pesos por metro cuadrado, lo que representaría un pago superior al que han recibido otros ejidos en casos similares.
No obstante, advirtió que si no se logran acuerdos favorables, los ejidatarios podrían emprender nuevas acciones jurídicas e incluso manifestaciones para defender sus derechos sobre las tierras.
