Autoridades agrarias y ambientales anunciaron una coordinación inédita para combatir cambio ilegal de uso de suelo, privatización irregular de tierras ejidales y deterioro ambiental. Quintana Roo figura entre los estados prioritarios.
La presión inmobiliaria, el crecimiento urbano acelerado y la pérdida de selva colocaron a Quintana Roo dentro de una nueva estrategia nacional enfocada en proteger ejidos y comunidades agrarias.
La medida surge de una alianza entre la Procuraduría Agraria, la PROFEPA y el Registro Agrario Nacional, instituciones que buscan cerrar el paso a prácticas ilegales relacionadas con deforestación y apropiación irregular de tierras de propiedad social.
Durante una conferencia nacional sobre rescate y defensa del territorio agrario, representantes señalaron que la Península de Yucatán enfrenta una presión creciente por distintos factores:
- Desarrollo urbano acelerado
- Expansión turística
- Cambio de uso de suelo
- Monocultivos
- Industrialización
- Movilidad poblacional creciente
En ese contexto, Linda Cobos Castro advirtió que la región requiere mayor vigilancia y ordenamiento territorial.
Uno de los datos relevantes expuestos fue que en Quintana Roo existen 284 núcleos agrarios y ejidos, los cuales abarcan aproximadamente el 61.5 por ciento del territorio bajo régimen social.
Los municipios con mayor presencia ejidal son:
- Bacalar
- José María Morelos
- Felipe Carrillo Puerto
- Othón P. Blanco
Las dependencias federales advirtieron que una de las principales amenazas actuales es transformar áreas forestales en proyectos irregulares o actividades no autorizadas.
El objetivo será detectar, investigar y frenar operaciones que dañen ecosistemas o vulneren derechos colectivos sobre la tierra.
Otro foco de atención es la transferencia irregular de tierras ejidales hacia manos privadas, fenómeno que especialistas vinculan con especulación territorial y debilitamiento comunitario.
Autoridades señalaron que la nueva coordinación buscará impedir que actos ilegales obtengan validez documental.
Entre las acciones anunciadas destacan:
- Diagnósticos en zonas críticas
- Asesoría jurídica a ejidos
- Revisión documental
- Coordinación entre autoridades ambientales y agrarias
- Registro de resoluciones por delitos ambientales
El crecimiento turístico de zonas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum ha incrementado el valor de la tierra en diversas regiones del estado, generando tensiones entre inversión, conservación y derechos agrarios.
Especialistas recordaron que la Península de Yucatán concentra áreas estratégicas de selva, agua subterránea y biodiversidad, por lo que cualquier deterioro impacta no solo a comunidades rurales, sino también al equilibrio ecológico regional.
Con esta nueva estrategia, Quintana Roo se convierte en pieza clave en la defensa del territorio social de México.
