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Piden que el cobro de ‘Derecho de piso» sea reconocido como delito grave en Quintana Roo

Lo que se busca es que la extorsión no solamente sea un delito patrimonial, como figura actualmente en el Código Penal de Quintana Roo, sino robustecer el marco jurídico para que, quienes exijan “pago de cuota” o “derecho de piso”, puedan ser procesados con un castigo ejemplar.

El diputado Hugo Alday, coordinador de la bancada del PT en la XVII Legislatura, presentó una iniciativa para tipificar el delito de extorsión como un ilícito que atenta contra la libertad y seguridad de las personas.

Lo que se busca es que la extorsión no solamente sea un delito patrimonial, como figura actualmente en el Código Penal de Quintana Roo, sino robustecer el marco jurídico para que, quienes exijan “pago de cuota” o “derecho de piso”, puedan ser procesados con un castigo ejemplar.

“La propuesta consiste en establecer como agravantes, la afectación directa al patrimonio, la modalidad de cobro de cuotas (a quien no tenga la facultad de hacerlo) y cuando el sujeto realice la conducta, armado o en posesión de algún medio que sea o aparente ser peligroso, de tal forma que la extorsión no sea solamente observada como daño al patrimonio, sino a la libertad y seguridad de las personas, ya que la víctima vive de manera continua con el temor y la inseguridad de que en cualquier momento pueden cambiar de opinión y empezar a exigirle una mayor cantidad”, informó el diputado presidente de la Comisión de Justicia.

Mencionó que este ilícito ha crecido exponencialmente en Quintana Roo, ocasionando mayor afectación al tejido social, ya que las víctimas viven en temor continuo, no solo por su propia seguridad sino también por la de su familia, incluso forzándolos a cambiar de actividad económica, de residencia y hasta cerrar de manera precipitada los negocios que forman parte de su patrimonio y sustento.

«La extorsión arrasa con las economías de todo un sector o de toda una región», setenció el legislador.

Los medios coercitivos utilizados por los criminales han escalado de nivel, al grado de generar en la sociedad un gran sentido de inseguridad que hace que los afectados no estén dispuestos a denunciar.

Lamentablemente, no siempre quienes cometen este delito y lo vuelven un método de vida, logran ser vinculados a proceso y mucho menos obtienen sentencia condenatoria, al ser la extorsión solo un delito que daña el patrimonio de las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente.

“La libertad y la seguridad de todos los seres humanos, no tiene ni debe tener precio, así como tampoco puede estar sujeta a factores externos, y en virtud de que el derecho penal es una herramienta vital para la protección de derechos fundamentales, que sirven para garantizar la supervivencia del orden social o personal, es importante tomar en consideración esta propuesta”, concluyó el diputado Hugo Alday.

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