Juventino Jiménez, de 43 años, es un maestro indígena Ayuujk con discapacidad visual originario de Santa María Tlahuitoltepec, un pueblito situado en las faldas del cerro sagrado de Cempoaltépetl, una de las montañas más altas de Oaxaca.
Ahí, en “Tlahui”, como se refiere con cariño a su comunidad mixe, el maestro lleva 11 años formando parte del Centro de Formación Integral Ayuujk, junto a otras 25 personas indígenas, además de padres de familia.
En todo ese tiempo, Juventino, que también es presidente de la organización civil Punto Seis —en referencia al sistema Braille—, dice que en el centro han atendido a más de 300 personas de la comunidad y de múltiples rancherías de los alrededores, con diferentes tipos de discapacidad.
“Al centro vienen hombres, mujeres y niños con discapacidades que van de la psíquica, sensorial e intelectual, hasta otras como la visual. Y son en su mayoría campesinos de escasos recursos que cuidan ganado y que, incluso, se atreven a utilizar un arado para trabajar la tierra. Son compañeros y compañeras que forman parte de la comunidad, pero que, a veces, tienen temor a mostrarse porque no quieren ser señalados”, explica.
Por ello, uno de los talleres más populares que se imparte en el centro es el de fotografía, con el que se busca que las personas indígenas con discapacidad capturen y retraten su vida diaria. Por ejemplo, hay fotos de mujeres indígenas con discapacidad visual que hacen tortillas a mano o de mujeres con Síndrome de Down que trabajan en el campo y en su casa.
“Queremos que la gente vea todo lo que hacemos las personas indígenas con discapacidad —apunta el maestro—. Y queremos mostrarlo desde un enfoque muy distinto al de la lástima o el asistencialismo”.
Sin embargo, la operación del centro, que es la única alternativa a unas autoridades que no llegan a la comunidad o que lo hacen con dificultad, es cada vez más compleja: los recursos son escasos y cada vez más difíciles de conseguir, y ni siquiera la puesta en marcha de otros proyectos como una envasadora de mezcal artesanal ha sido suficiente para garantizar su operación.
Por ello, la beca de 2 mil 800 pesos bimestrales que ofrece el gobierno federal es prácticamente la única alternativa que les queda a muchas personas que asisten al centro. No obstante, el maestro Juventino dice que no todas la reciben, y que estas becas, que se limitan a la entrega de dinero, no sirven para capacitarse o acceder a un trabajo, educación o salud, ni para favorecer la plena inclusión en una sociedad que continúa discriminándolas.
“Yo creo que las pensiones de discapacidad son un acierto, algo que los anteriores gobiernos no hicieron”, opina. “Sin embargo, soy enfático al señalar que una beca no puede ser la única política nacional, pues existen muchos trayectos que recorrer para que todas las personas con discapacidad seamos escuchadas”.
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