La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició el análisis de la solicitud presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en México.
A través de un mensaje a medios, el vocero de la institución, Ulises Lara López, señaló que la dependencia ya fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno estadounidense.
Explicó que, conforme a la normatividad vigente, la Fiscalía debe revisar la documentación para establecer si existen datos de prueba que permitan sustentar la viabilidad de dichas solicitudes.
“Es obligación de esta Fiscalía analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios”, indicó.
De manera paralela, la FGR abrió una investigación propia para reunir información que permita determinar si hay indicios suficientes que acrediten la probabilidad de que se haya cometido algún delito, lo que abriría la posibilidad de solicitar órdenes de aprehensión ante autoridades judiciales mexicanas.
Sin embargo, el vocero precisó que, hasta el momento, la solicitud enviada por Estados Unidos no contiene elementos probatorios suficientes que respalden de manera contundente los señalamientos.
Asimismo, subrayó que el proceso debe apegarse tanto a la legislación mexicana como a los tratados internacionales, los cuales establecen que la extradición solo procede si las pruebas cumplen con los estándares legales del país requerido.
Lara López también advirtió que la información relacionada con este tipo de solicitudes debe mantenerse bajo carácter confidencial, conforme a los acuerdos internacionales, por lo que su difusión podría afectar los procedimientos judiciales.
En el caso de servidores públicos con fuero, como gobernadores o legisladores, explicó que primero debe llevarse a cabo un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
