La controversia por el proyecto Royal Caribbean Beach Club volvió a intensificarse luego de que grupos ambientalistas y ciudadanos de la isla reiteraran su rechazo a la construcción del complejo turístico en la costa oeste. De acuerdo con los manifestantes, el desarrollo implicaría la pérdida del último tramo de playa pública disponible en esa zona, además de representar un riesgo ambiental y económico para la comunidad.
Los activistas recordaron que la playa conocida como Playa Mía es actualmente un espacio donde conviven familias cozumeleñas y visitantes, y advirtieron que su privatización afectaría directamente el acceso de los residentes a una de las áreas naturales más emblemáticas de la isla.
Según los opositores, experiencias en otros destinos donde se han construido clubes de playa privados muestran impactos significativos en la economía local, particularmente para pequeños comercios que dependen del turismo independiente. Estimaciones citadas por los grupos señalan que estos negocios pueden experimentar reducciones de hasta un 40% en ingresos, lo que se traduce en cierres, pérdida de empleos y disminución en la calidad de vida de los habitantes.
Además del impacto económico, destacaron que el bloqueo de un espacio natural de acceso libre dificultaría la labor de organizaciones ambientales que realizan actividades de conservación en la zona, las cuales dependen del libre tránsito para monitorear y proteger ecosistemas costeros.
En respuesta, los grupos ciudadanos lanzaron una campaña en línea a través de la plataforma change.org, donde solicitan apoyo público para frenar el proyecto y exigir a las autoridades municipales y estatales que prioricen el bienestar social y ambiental de Cozumel. La petición busca sumar miles de firmas como medida de presión para reconsiderar los permisos otorgados.
“Cozumel necesita un desarrollo turístico que conviva con la naturaleza y respete a su gente”, expresaron los voceros del movimiento, quienes reiteraron su llamado a evaluar alternativas sostenibles que no comprometan el patrimonio natural de la isla ni limiten el acceso de los residentes a sus playas.
