Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) se manifestaron y condenaron enérgicamente la violencia hacia las y los comunicador en todo el país, y en particular en Quintana Roo, en virtud de los hechos recientemente ocurridos en la zona norte del estado.
En ese sentido, Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General y encargado de Presidencia de la Cdheqroo, junto con Alejandro Baeza Ruiz, Israel Canto Viana, Edgar Ricardo Mora Ucan, Sheena Merle Ucan Yeh, Rafael Barragán Vázquez y Alma Rosa Soledad Freyre Reinhardt, externaron que, como personas defensoras de derechos humanos no deja de preocuparles este grave acontecimiento, por lo que se solidarizaron hacia el agraviado y pusieron a disposición el organismo defensor de los derechos humanos para darle la atención jurídica que requiera.
Esto con relación a los hechos ocurridos el pasado 1 de febrero por la noche, cuando el comunicador N. C. G., quien dirige un medio de comunicación digital, sufrió un ataque directo en su domicilio, ubicado entre los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
“Repudiamos cualesquiera que hayan sido las intenciones de esta deleznable agresión, no solo porque agravia a dicha persona y su familia, sino porque nos afecta a toda la sociedad en el Estado y país. La labor periodística, como ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tiene una intrínseca relación con el derecho a saber de toda la población, y una evidente importancia para el funcionamiento de nuestra democracia. Sin la materialización de este ejercicio individual para que las y los periodistas se expresen, nuestro derecho colectivo a saber se afecta”, expusieron.
Mencionaron que, tal y como lo ha manifestado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra el gremio periodístico busca sofocar el debate público y la participación cívica, que constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática, por lo que se debe evitar a toda costa, que el ejercicio de la libertad de expresión sea un riesgo y que derive en la censura, ataques, intimidaciones y/o pérdida de la vida.
“Las autoridades, como entes obligados constitucionalmente, deben generar las condiciones necesarias para proteger y garantizar la integridad de las y los periodistas. En este sentido hacemos un atento llamado para que en el ámbito de sus competencias establezcan políticas integrales de prevención, protección, así como la sanción de aquellos delitos cometidos contra periodistas, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, setenciaron.
Es importante mencionar que la Comisión de los Derechos Humanos cuenta ya con la queja de oficio VG/BJ/036/02/2022, la cual tiene relación con las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante lo cual se dará seguimiento al caso.
