La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo ha iniciado una exhaustiva investigación en respuesta a la instrucción de la Gobernadora del estado, con el fin de esclarecer casos de registro indebido de servidores públicos en programas sociales destinados a la población más vulnerable.
Esta acción refleja el compromiso del gobierno en garantizar la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.
Los programas sociales desempeñan un papel fundamental en el apoyo a los sectores más necesitados de la sociedad, y es esencial que sean administrados con responsabilidad y equidad.
Según las primeras informaciones, se identificó la presencia de servidores públicos que no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de estos programas, una de ellas, a subsecretaria de Bienestar, Rosario Abán Mukul.
En respuesta inmediata, aquellos involucrados en esta irregularidad fueron eliminados de los programas sociales y separados de sus cargos gubernamentales.
La Gobernadora del Estado, Mara Lezama, ha reafirmado el compromiso de su administración en garantizar que los recursos del pueblo sean dirigidos de manera justa a quienes más lo necesitan.
Por esta razón, además de las acciones disciplinarias tomadas hasta el momento, se ha iniciado una auditoría a fondo desde la Contraloría para asegurar que los programas sociales lleguen a la población objetivo y se utilicen de manera eficiente.
Se ha anunciado que la investigación está en curso y que, en caso de identificarse más casos similares, se tomarán medidas similares y se informará de los avances de la auditoría.
