La llamada “Ley 3 de 3” contra deudores alimenticios, agresores sexuales y violentadores de mujeres sigue su curso en los municipios, donde deberá ser respaldada por las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado para que pueda decretarse y entrar en vigor.
Una vez entre en vigor esta reforma constitucional que ya fue aprobada por la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, las personas con sentencia firme por agresión sexual, violencia doméstica, violencia vicaria, violencia política contra la mujer por razón de género o deudora alimentaria morosa, quedarán impedidos para ocupar cargos de elección popular o dentro del servicio público, ya sea de nivel municipal, estatal o federal.
Con esto, Luis Gamero Barranco debería renunciar a la subsecretaría de Gobierno, reconoció la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.
Esto luego de que la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Gamero Barranco tiene sentencia firme por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), lo cual le impide ser candidato a un cargo de elección popular en 2024.
A este impedimento, indicó Cristina Torres, se le sumaría no poder ocupar cargos dentro del servicio público municipal, estatal y federal, tal y como se establece en las reformas constitucionales de la llamada “Ley 3 de 3”.
Como gobierno que promueve la no violencia, el respeto y la protección de los derechos de todas las mujeres quintanarroenses, les corresponde velar que se aplique la ley, de manera que si la ley prohíbe ocupar cargos públicos a una persona sentenciada por violencia política contra la mujer en razón de género, a ellos les toca acatarlo y cumplirlo, adelantó la secretaria de Gobierno.
La funcionaria estatal dijo que, por ahora, la sanción aplicable a Gamero Barranco es en cuanto a sus aspiraciones a un cargo de elección popular en las elecciones de 2024, pero por ahora no se le impide seguir en la subsecretaría de Gobierno, cargo que ostenta hasta este momento.
Sin embargo, Cristina Torres aclaró que, de decretarse y entrar en vigor la “Ley 3 de 3”, Gamero Barranco tendría que dejar su puesto en el gobierno estatal.
Esto es porque las reformas constitucionales establecen la suspensión de derechos a aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad física, feminicidio, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar doméstica, violencia obstétrica, violación a la intimidad sexual, violencia vicaria, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Esta suspensión implica, entre otras cosas, no poder ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes del Estado ni en los Municipios, adicionalmente a esto se le suspenden sus derechos políticos en la vertiente de que no se pueden registrar como candidatas o candidatos a puestos de elección popular.
