El Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, elaborado por el World Justice Project (WJP) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), ubicó a Quintana Roo en el último lugar entre las 32 entidades del país, evidenciando un estancamiento generalizado en el fortalecimiento del marco legal y del respeto a los derechos ciudadanos.
El informe destaca que el Estado de Derecho influye directamente en aspectos cotidianos como la seguridad pública, el acceso a la justicia, la salud, la igualdad de trato y la libertad de expresión. No obstante, ninguna entidad federativa alcanzó siquiera la mitad de la calificación ideal para un sistema con instituciones sólidas y confiables.
De acuerdo con los resultados, los estados mejor evaluados fueron Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). En contraste, los puntajes más bajos correspondieron al Estado de México (0.35), Morelos (0.35) y Quintana Roo (0.36).
El análisis se basa en ocho dimensiones: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En el caso de Quintana Roo, los factores con calificaciones más bajas fueron orden y seguridad (0.33) y cumplimiento regulatorio (0.29), este último relacionado con la forma en que las leyes se aplican en materia laboral, ambiental, comercial y de salud pública. Asimismo, el estado registró apenas 0.30 puntos en ausencia de corrupción y en justicia penal, mientras que la justicia civil obtuvo 0.32.
El informe también señala que los servidores públicos del Poder Ejecutivo y de las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia son percibidos como los más vulnerables a prácticas de corrupción.
A nivel nacional, el documento advierte que la participación ciudadana continúa disminuyendo y que la seguridad sigue siendo uno de los principales retos, pese a ligeras mejoras en la percepción de tranquilidad. Además, se detecta un estancamiento en el sistema de justicia penal, especialmente en la eficacia de las investigaciones, donde el promedio nacional es de 0.21, lo que se refleja en una alta cifra negra de delitos no denunciados.
