El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) ha anunciado un paro nacional en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos que ascienden a un total de 15 mil millones de pesos. Esta medida fue tomada después de una asamblea urgente en la que los líderes sindicales acordaron realizar el paro desde el jueves 19 hasta el martes 24 de octubre de 2024.
Jesús Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, enfatizó que el paro se llevará a cabo de manera pacífica, buscando llamar la atención sobre la importancia de estos fideicomisos para los trabajadores del Poder Judicial.
La Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo que implica que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral entregarán más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Esta decisión fue respaldada por votación en lo general y en lo particular, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en lo que respecta a fondos y fideicomisos.
Esta reforma impide la creación y operación de fideicomisos, lo que conlleva la desaparición de 13 de los 14 instrumentos financieros que respaldan al Poder Judicial. En respuesta, en los últimos tres días, los trabajadores del Poder Judicial han protestado frente a sus lugares de trabajo en varios estados del país.
Los fideicomisos eliminados están destinados a diversos fines, como pensiones complementarias para mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas y mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces, entre otros. La aprobación de esta medida establece que solo podrán existir fondos y fideicomisos dentro del Poder Judicial si están expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Actualmente, solo uno de los 14 fideicomisos del Poder Judicial se ajusta a esta ley, lo que significa que los otros 13 fideicomisos deberán extinguirse, y sus recursos deberán devolverse a las personas que aportaron a ellos. El destino del remanente de estos recursos se asignará a la Tesorería de la Federación, sin especificar su uso futuro. Esta decisión ha generado controversia y movilizaciones sindicales en todo el país.
