Gerardo Mérida Sánchez, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, obtuvo una suspensión judicial que impide, por el momento, su detención o eventual extradición a Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el expediente de amparo 539/2026, el recurso fue promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán y la suspensión fue concedida por el juez Rafael Linares Rivera, quien ordenó frenar cualquier acto relacionado con una posible extradición, detención provisional, aseguramiento o localización con fines de entrega a otro país, mientras se resuelve el juicio de garantías. La audiencia constitucional fue programada para el próximo 1 de junio de 2026.
Mérida Sánchez forma parte de un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de alto poder.
En la misma acusación también aparecen Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, además de mandos estatales y municipales de seguridad.
Según la acusación presentada en una corte del Distrito Sur de Nueva York, el exfuncionario enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.
¿De qué acusan a Gerardo Mérida, ex titular de la SSP de Sinaloa?
La acusación en Estados Unidos señala que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024, presuntamente recibió más de 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de no intervenir en operaciones de narcotráfico y alertar sobre operativos.
Según el expediente, en 2023 habría advertido sobre al menos 10 redadas contra laboratorios de droga, permitiendo mover droga, personal y equipo antes de las acciones oficiales. Hasta el momento, se trata de acusaciones, y legalmente mantiene la presunción de inocencia.
