El abuso sexual infantil continúa siendo una de las violencias más graves, persistentes y dolorosas en Quintana Roo, alertaron ciudadanas y ciudadanos, así como colectivos feministas y defensores de derechos humanos, al señalar que, pese al aumento de denuncias, la justicia efectiva para las víctimas sigue siendo limitada.
De acuerdo con datos de instancias de seguridad y procuración de justicia, hasta el cierre de 2025 se iniciaron más de 900 carpetas de investigación por violación y abuso sexual contra menores de edad en la entidad. La mayor incidencia se concentró en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, explicó Fernando Escobar Ayala, investigador de la UNAM especializado en sociología de las violencias y seguridad pública.
Del total de carpetas abiertas, alrededor de 420 derivaron en órdenes de aprehensión, poco más de 300 personas fueron vinculadas a proceso y menos de 120 casos concluyeron con una sentencia condenatoria. Estas cifras, señaló el especialista, reflejan una profunda brecha entre la denuncia y el acceso real a la justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito.
Casos recientes, como el de José Lehi Sánchez López, condenado a 30 años de prisión por la violación de su nieta, y el de Henrry Hernández Gómez, sentenciado a la misma pena por agresión sexual contra una menor, son considerados por especialistas como avances importantes; sin embargo, advierten que siguen siendo excepciones dentro de un sistema donde muchos procesos se prolongan durante años o no logran resolverse.
Familiares de víctimas relatan que los retrasos y la falta de personal especializado agravan el daño. María N., tía de una menor víctima en Cancún, señaló que su familia enfrentó más de un año de dilaciones. “Mi sobrina tuvo que repetir su testimonio varias veces porque no había un especialista infantil disponible. Cada audiencia fue una nueva herida, una constante revictimización”, expresó.
En Playa del Carmen, Roberto “N”, padre de una niña de nueve años, explicó que uno de los principales obstáculos fue la escasez de peritos y personal capacitado tanto en la Fiscalía como en los juzgados. “El juez solicitó evaluaciones psicológicas que tardaron meses en realizarse. Mientras tanto, el agresor seguía en libertad”, relató.
Por su parte, la terapeuta infantil Pilar Flores subrayó que el abuso sexual infantil constituye una grave violación a los derechos humanos, con consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que pueden extenderse a lo largo de toda la vida. Advirtió que, sin atención integral, acompañamiento especializado y procesos judiciales sensibles a la niñez, el sistema termina profundizando el daño a las víctimas.
Colectivos y especialistas coincidieron en la urgencia de fortalecer las fiscalías especializadas, garantizar personal capacitado en atención infantil y reducir la revictimización durante los procesos judiciales, a fin de que la denuncia no sea un camino de sufrimiento adicional, sino el inicio real de la justicia y la reparación del daño.
