Este lunes el titular de la Auditoría Superior del Estado Miguel Cheluja Martínez a presentar el Tercer Informe Ejecutivo, ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta del Poder Legislativo.
En dicho informe, reveló que son los ayuntamientos y las universidades públicas del estado, las que registran más inconsistencias, después de llevar a cabo 257 revisiones que se hicieron a un total de 101 entidades estatales fiscalizadas, desglosadas en 158 informes, que corresponde a las Cuentas Públicas del 2023.
El Auditor, detalló que al corte del 5 de febrero, se observaron irregularidades por un monto de 227 millones 894 mil 662.99 pesos, de los cuales solamente se han solventado 14 millones 251 mil 819 pesos, por lo que queda pendiente por aclarar el destino o aplicación de 213 millones 642 mil 843.22 pesos restantes, principalmente en presupuestos asignados a universidades estatales, gobiernos municipales y paramunicipales.
El funcionario, explicó que son alrededor de 11 millones 400 mil pesos, por parte de la Universidad Intercultural Maya; Universidad Politécnica de Quintana Roo, 9 millones 600 mil; Universidad Tecnológica de Cancún, 568 mil; el Instituto Municipal de Cultura y la Artes de Solidaridad, 493 mil; el ayuntamiento de Benito Juárez, 9 millones 280 mil pesos; tres millones 300 mil pesos, por parte el Instituto Electoral de Quintana Roo.
De igual manera, hay 931 mil pesos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel; cinco mil pesos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; 156 mil pesos, para el caso del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto; tres millones 71 mil, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana; y resaltó que el municipio de Solidaridad, tiene varios pendientes no solventados a la fecha por la cantidad de 174 millones de pesos.
Precisó que todo se basa en la incorrecta e inadecuada aplicación y captación de recursos públicos, así como el incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas, o políticas pública y la falta o errores en la gestión administrativa de los entes auditados.
Después de dar parte al Legislativo quintanarroense, será a partir de este martes 18 de febrero, cuando la Aseqroo notifique a las citadas entidades públicas, para que en un plazo no mayor a 30 días, aclaren las anomalías detectadas y después, el órgano auditor, tendrá un plazo de hasta 120 días para analizar las solventaciones.
En caso de no cumplir, mencionó que se dará parte al Congreso del Estado y a los Órganos Internos de Control de cada ayuntamiento, a la contraloría estatal, los tribunales de justicia, y las mismas fiscalías, que se encargarán de agotar los recursos legales y sancionadores necesarios, tal y como establece el proceso.
