La diputada local, Kira Iris, declaró que todas las iniciativas, incluidas la Ley Vicaria y la Ley Ingrid, deben tutelar a hombres y mujeres por igual, por lo que pidió a los colectivos feministas inconformes evitar “politizar” y leer el resultado final de las mismas.
En conferencia de prensa, la diputada dejo claro que no se gobierna solo para feministas y que no se puede politizar, ni señalar, sin antes haber leído las leyes.
“Nosotros no gobernamos sólo para feministas, creo que estamos politizando sin antes ver la ley. Estas leyes (Ley Vicaria y Ley Ingrid) no solo protegen a mujeres, sino a hombres y mujeres. […] Discutir y perdernos en una discusión estéril demuestra que no hemos hecho el trabajo de leer y entender lo aprobado por la legislatura”, expresó.
Además, recordó que la mayor parte de esta ley fue consensuada por varios grupos feministas, quienes la apoyaron durante el proceso de impulsar esta iniciativa ante el Congreso, razón por la que, dijo, “muchos otros colectivos están agradecidos por lo que se hizo”.
“Tengo muchas amigas feministas y muchas están agradecidas con lo que se hizo; otras levantaron ahí sus manifestaciones, y no están de acuerdo con la iniciativa. Los que están de acuerdo coinciden conmigo. Antes no teníamos violencia vicaria, empecemos a construir de lo que ha tenemos”, destacó.
También, resaltó que esta ley protege si bien protege a hombres, lo hace más a favor a las mujeres, ya que argumentó: “no solo se reformó el código penal, sino el civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en Quintana Roo”.
Sin embargo, resaltó que era necesario precisar que esta ley protegiera también a los hombres, toda vez que sí hay casos registrados en el estado, aunque mínimos.
“En este proceso, logramos documentar alrededor de 250 casos de ‘violencia vicaria”. Al visibilizar esta realidad aumentaron los casos. Yo, personalmente, atendí cerca de 50, de los cuales 5 fueron hombres que estaban sufriendo este tipo de violencia”, acotó.
También, detalló que dicha ley aprobada prevé, entre otras sanciones, la pérdida de la custodia, la restricción de la convivencia, así como la privación de la libertad de 4 a 6 años.
