En Irán, el corte de internet se extiende por 64 días, escalando tensiones políticas y sociales. Las restricciones impuestas por el gobierno, justificadas como necesarias por motivos de seguridad, han suscitado un creciente descontento entre la población, especialmente considerando el impacto económico que está generando.
Recientemente, el diputado ultraconservador Amirhosein Sabetí dejó claro que no se prevé un restablecimiento inmediato del internet. En un mensaje grabado, advirtió sobre la posible organización de protestas mediante redes sociales si se levantan las restricciones.
Las autoridades consideran estas manifestaciones como disturbios con la influencia de actores externos, lo que derivó en una dura represión que ha dejado miles de muertos, según reportes de ONGs.
El debate sobre el acceso a internet en Irán ha mostrado un giro hacia la distinción entre quienes pueden conectarse y quienes no. En medio de la crisis, ha surgido un sistema de acceso especial conocido como “internet pro”, diseñado para facilitar la conectividad a sectores críticos. Sin embargo, esto ha derivado en un mercado negro donde se revendían estos accesos a particulares, generando indignación.
El asesor del ministro de Comunicaciones, Mohamad Hafez Hokmi, admitió irregularidades en la implementación del programa.
Las tarifas por acceso a este internet especial varían entre 10 y 50 millones de riales (4,76 a 23,80 euros).
La controversia continúa mientras millones de iraníes se ven privados de un servicio básico, creando una brecha digital insalvable entre quienes pueden acceder a internet y quienes no, transformando un derecho esencial en un privilegio concesionario.
