Insultantes sueldos: Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ganan más que el presidente de México
Desde su “nacimiento”, el TJA ha estado envuelto en polémica, tras haber sido fuertemente cuestionado por sus designaciones a modo para favorecer a allegados y recomendados del gobierno anterior bajo las siglas del PAN-PRD.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Quintana Roo recibió este año un jugoso presupuesto de 69 millones 967 mil pesos, del cual son más de 8 millones de pesos que se habrán destinado para pagar el sueldo de tan solo cinco personas, siendo estas sus cinco magistrados integrantes.
De acuerdo a la información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Magistrado Presidente del TJA, Jesús Villalobos Carrillo, gana mensualmente un sueldo bruto de 153 mil 674 pesos, lo que al año hacen un millón 844 mil 88 pesos.
Los otros cuatro magistrados Antonio Sánchez Urrutia, Alfredo Cuéllar Labarthe, Isabel González Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, ganan cada uno un sueldo bruto mensual de 134 mil 648 pesos, lo que al año hacen un millón 615 mil 776 pesos por magistrado.
En total, son 8 millones 307 mil 192 pesos los que se repartirán estas cinco personas en este año, sin contar sus ingresos adicionales como dietas, prestaciones, aguinaldos, primas vacacionales, entre otros.
Estos insultantes sueldos son totalmente contrarios al plan de austeridad y ahorro gubernamental que impulsa la gobernadora Mara Lezama, para hacer justicia social como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo del Estado.
El TJA del Estado de Quintana Roo ha estado envuelto en polémica, ya que estaría viciado de origen al ser inconstitucional la declaración del inicio de sus funciones, el cual opera desde enero de 2018.
Esto es porque la Comisión Permanente de la pasada XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, fue la que se encargó de la Declaratoria mediante la que se determinó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo inició su labor jurisdiccional, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de enero de 2018.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha advertido que la Constitución Política del Estado de Quintana Roo únicamente facultó a la Legislatura y no a la Diputación Permanente, para emitir la declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa.
Esto significa que la Diputación Permanente de la XV Legislatura carecía de facultades para declarar el inicio de funciones del TJA, pero sin embargo lo hizo en un claro acto de inconstitucionalidad.
Desde su “nacimiento”, el TJA ha estado envuelto en polémica, tras haber sido fuertemente cuestionado por sus designaciones a modo para favorecer a allegados y recomendados del gobierno anterior bajo las siglas del PAN-PRD.
El nombramiento más polémico fue el del Magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien fue denunciado por presuntamente haber mentido, falsificado y ocultado su información.







