Tras una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Grupo Salinas deberá pagar 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que se agotaran todas las instancias legales de impugnación, confirmó el titular del organismo recaudador, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El funcionario explicó que el adeudo corresponde a impuestos sobre la renta (ISR) de los ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2013, determinados originalmente por el SAT en 2013 mediante resoluciones administrativas. Tras más de una década de litigios, la Corte desechó este año los últimos recursos legales, validando las resoluciones previas de tribunales federales y de la autoridad fiscal.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo, en el que las instituciones actúan conforme a derecho. Detalló que el requerimiento de pago será notificado en enero de 2026, momento a partir del cual iniciará el plazo para el pago voluntario.
Sheinbaum recordó que, conforme al Código Fiscal de la Federación, las empresas tienen derecho a solicitar descuentos o ajustes de hasta 39 por ciento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y las sentencias judiciales. No obstante, advirtió que, en caso de incumplimiento, se activarán los procedimientos fiscales correspondientes.
Martínez Dagnino enfatizó que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece la obligación de todas las personas físicas y morales de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, por lo que llamó a las empresas involucradas a cumplir con sus obligaciones fiscales.
La mandataria añadió que la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, han supervisado el caso para garantizar transparencia y legalidad en cada etapa del proceso.
El SAT reiteró que, una vez notificado el requerimiento, el contribuyente podrá solicitar los esquemas de pago que procedan conforme a la ley, mientras la autoridad continuará informando sobre el avance del caso.
