El diputado José María «Chema» Chacón presentó una iniciativa para sancionar a sustractores cibernéticos y violentadores de sistemas informáticos, coloquialmente conocidos como «hackers» o «piratas cibernéticos».
Señaló que su propuesta responde a la necesidad de regular una serie de comportamientos recientes y cada vez más comunes en la sociedad, ya que, ante el progreso de la tecnología y su uso constante, se ha dado paso a un conjunto de conductas antijurídicas que causan un daño y se practican de manera impune.
El legislador del Distrito 12 plantea reformar el Código Penal del estado, para establecer una pena de uno a dos años de prisión y de veinticinco a cien días de multa a quien, sin consentimiento o autorización para acceder, ingrese o entre a una base de datos, sistema, equipo o medio de almacenamiento informático, con el propósito de conocer, copiar, reproducir, interceptar, interferir, o recibir la información contenida en cualquiera de los mismos.
José «Chema» añadió que su iniciativa también sancionará al que, sin autorización acceda, ingrese o entre a una base de datos, sistema, equipo o medio de almacenamiento informático, con el propósito de obtener de manera ilícita un beneficio, bienes o información para sí o para una tercera persona; y de manera indebida, alterar, dañar, inutilizar o destruir la información o los datos contenidos, con una pena de dos a cuatro años de prisión y veinticinco a doscientos días multa.
De la misma manera sugiere castigar con uno a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa cuando el sujeto pasivo, estando autorizado para su acceso, haga uso indebido de una base de datos, sistema, equipo o medio de almacenamiento informático, con ánimo de ilícitamente copiar, reproducir, interceptar o interferir.
Adicionalmente especifica que, a quien estando autorizado, acceda a una base de datos, sistema, equipo o medio de almacenamiento informático para alterar, dañar, borrar, sustraer, inutilizar o destruir la información, los datos o la información reservada en el sistema, en perjuicio de terceros o para beneficio propio o de terceros, se le impondrá una sanción de dos a cinco años de cárcel y de 25 a 200 días multa.
Se establecen cinco agravantes para cuando el sujeto actúe con fines de lucro; cuando el sujeto pasivo sea el Estado, los municipios o los organismos autónomos, y si el hecho constitutivo de delito fue cometido contra bases de datos, sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos concernientes al régimen financiero de las entidades públicas; si el sujeto activo obró procurando la dilación dolosa de los procesos jurídicos en términos del artículo 176 quinquies de este Código y si la conducta afectó un sistema, o base de datos relacionado con el servicio público de salud, administración de justicia, procuración de justicia, o la seguridad pública.
