La diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva de la XVII Legislatura, Mildred Ávila Vera confirmó que la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia ya entró en vigor a nivel nacional, por lo que las y los servidores públicos municipales, así como los de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deberán actualizar sus expedientes laborales para confirmar que no se encuentran con sentencia por agresión sexual, violencia y tampoco estén en el padrón de deudores alimentarios o ningún otro supuesto que les impida mantener su cargo.
En ese sentido, la legisladora comentó que las áreas correspondientes deberán solicitar a todo el personal que entregue su certificado de no inscripción en el registro nacional de deudores alimentarios, así como la constancia de no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra la mujer en razón de género y comprobar que no tengan una sentencia firme y vigente por agresió sexual, violencia doméstica, entre otros requisitos, de acuerdo con los transitorios aplicables en la reforma constitucional.
Esto es porque ya entraron en vigor las reformas federales constitucionales, mejor conocidas como la Ley 3 de 3 contra la violencia, las cuales deben ser acatadas por los Ayuntamientos y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Quintana Roo.
Por parte del Legislativo, en el Congreso ya se giró el oficio para que los trabajadores cumplan con lo requerido, indicó Mildred Ávila. Sobre el caso de Luis Gamero Barranco, subsecretario de Gobierno y quien de acuerdo a la Sala Xalapa del TEPJF mantiene sentencia firme por violencia política contra la mujer en razón de género, la diputada dijo desconocer su situación, aunque como funcionario estatal también deberá entregar la documentación correspondiente.
