La huelga de trabajadores del Monte de Piedad alcanzó siete meses sin que se registraran avances en las negociaciones entre los trabajadores y la administración del organismo, informaron representantes sindicales.
El paro inició el 1 de octubre de 2025 como un movimiento nacional en el que participan miles de empleados distribuidos en 301 sucursales del país. Desde entonces, no se ha logrado un acuerdo que permita resolver el conflicto laboral.
Durante este periodo, los trabajadores han sostenido que la huelga responde al incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que, aseguran, ha afectado diversos derechos laborales.
Entre los puntos señalados se encuentran el sistema de escalafón, las percepciones salariales y otras condiciones laborales que, de acuerdo con el sindicato, no han sido respetadas.
El pasado 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, los trabajadores, encabezados por el secretario general de la sección 16, Mario López Marrufo, realizaron una manifestación para exigir el cumplimiento íntegro de su contrato colectivo.
La falta de acuerdos ha provocado que las negociaciones se mantengan detenidas, lo que a su vez ha derivado en la paralización de servicios en la institución y afectaciones a miles de usuarios en el país, quienes tienen «congelados» sus bienes.
El sindicato indicó que, pese al tiempo transcurrido, la base trabajadora mantiene su postura y continuará con el paro de labores, así como con movilizaciones y acciones legales.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervendría en el conflicto
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que las negociaciones entre el sindicato y la administración del Nacional Monte de Piedad se encuentran en un “punto muerto”, tras más de 30 mesas de diálogo sin resultados.
Ante este escenario, la dependencia federal, encabezada por Marath Bolaños, propuso una ruta de solución que contempla la elaboración de un dictamen por parte de la autoridad laboral, en conjunto con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La propuesta plantea que dicho documento sea sometido a la votación de más de mil 800 trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto, con el objetivo de definir si se acepta o se rechaza la alternativa planteada.
De acuerdo con el Gobierno federal, en caso de aprobación, se daría seguimiento a su implementación; mientras que, si es rechazado, ambas partes podrían acudir al Poder Judicial para solicitar la calificación de imputabilidad de la huelga.
La dependencia también advirtió que, si la propuesta no es sometida a consulta, tanto el sindicato como la administración deberán retomar el diálogo con nuevas condiciones o avanzar directamente por la vía judicial.
Además, el proceso legal sigue abierto luego de que un juez de distrito declarara “inexistente” la huelga en febrero, resolución que fue impugnada por el sindicato y que ahora está pendiente de revisión en un Tribunal Colegiado.
