La comunidad maya rechazó las versiones oficiales sobre el cierre del Centro de Atención a Visitantes y aseguró que la Guardia Nacional y la Policía Estatal son quienes controlan el ingreso al recinto.
El conflicto entre autoridades y el Concejo Indígena de Gobierno de la Comunidad Maya de Pisté por la operación del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) de Chichén Itzá volvió a intensificarse luego de que representantes comunitarios acusaran públicamente a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal de controlar los accesos al recinto.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el Concejo aseguró que las versiones emitidas por autoridades estatales y federales son falsas y negó que la comunidad mantenga bloqueadas las instalaciones.
En el comunicado, integrantes del Concejo Indígena afirmaron que son elementos de seguridad quienes abren y cierran el acceso al CATVI “con total libertad”, presuntamente bajo instrucciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Desmentimos rotundamente que la comunidad tiene bloqueado el acceso al CATVI”, señalaron representantes comunitarios al acompañar el mensaje con un video que, aseguran, evidencia el actuar de las autoridades.
La agrupación acusó además a los gobiernos estatal y federal de mentir durante las mesas de diálogo que actualmente se mantienen con artesanos y pobladores de Pisté.
Conflicto continúa sin acuerdos definitivos
La controversia se mantiene desde que autoridades plantearon la reorganización de comerciantes y artesanos que tradicionalmente trabajan dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá.
El principal desacuerdo gira en torno al traslado de vendedores hacia el nuevo Centro de Atención a Visitantes, ubicado a varios kilómetros del acceso tradicional utilizado durante décadas por la comunidad.
El Concejo Maya insiste en mantener abiertas ambas entradas y permitir que los artesanos decidan libremente dónde comercializar sus productos.
Autoridades mantienen diálogo con la comunidad
En días recientes, representantes del INAH y del Gobierno de Yucatán sostuvieron nuevas reuniones con integrantes de la comunidad para buscar una solución al conflicto y reactivar completamente las operaciones turísticas en la zona arqueológica.
Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre ambas partes.
