El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté promovió un recurso legal para abrir la zona arqueológica de Chichén Itzá lo antes posible, en lo que las autoridades y los inconformes resuelven el fondo del conflicto.
De acuerdo con un posicionamiento difundido este jueves, el Consejo aclaró que el amparo no busca impedir la operación del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), sino evitar el cierre definitivo del parador principal de Chichén Itzá.
«Ahora ponemos en manos de la corte la justicia para las familias de Pisté”, señaló el Concejo en el documento emitido el 27 de mayo.
El amparo surge en medio del conflicto que mantiene cerrada la zona arqueológica desde hace varios días y que enfrenta a artesanos, comerciantes y habitantes de Pisté con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Gobierno de Yucatán.
¿Qué pasó en Chichén Itzá?
El conflicto estalló el pasado 18 de mayo, cuando personal del INAH colocó vallas en el antiguo parador turístico, pues el gobierno federal y el de Yucatán decidieron que el único acceso a la zona arqueológica sería a través del nuevo CATVI, inaugurado el 27 de marzo como parte de la infraestructura del Tren Maya.
Aunque aproximadamente el 40% de los artesanos aceptó movilizarse al CATVI, el 60 por ciento restante, que serían unos 400 vendedores, exige que se mantenga abierto el parador original.
Como las mesas de diálogo entre el INAH, el Gobierno de Yucatán y los inconformes fracasaron, se anunció el cierre definitivo de Chichén Itzá, lo que deja a los comerciantes, hoteleros y transportistas sin recibir recursos de unos 9 mil visitantes al día.
Por ello, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté llevó el caso ante los tribunales, en lo que los artesanos, el INAH y el Gobierno de Yucatán arreglan sus diferencias.
