Colectivos rechazan amparo a exfuncionarios por omisiones en el caso Francisca Mariner

La exigencia de justicia por el caso de Francisca Mariner Flores Patrón volvió al espacio público este lunes, cuando colectivos feministas y de víctimas se manifestaron frente al Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación para oponerse a la posible concesión de un amparo a exfuncionarios de la Fiscalía estatal señalados por presunta negligencia.
La movilización fue encabezada por Ariadne Song Anguas, vocera del colectivo Xtabay Quintana Roo y de la Red de Víctimas, junto con María Dolores Patrón Pat, madre de la joven desaparecida en 2020, quien también preside el Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo. Ambas denunciaron que las omisiones institucionales en el proceso judicial continúan afectando los derechos de las víctimas.
El reclamo se centra en un amparo promovido por dos exservidores públicos que buscan revertir su vinculación a proceso por delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público, así como eliminar la restricción que les impide salir del estado. La audiencia constitucional estaba programada para la mañana de este lunes, pero fue diferida tras declararse el día inhábil, sin que —según denunciaron— se notificara a la madre de Francisca, reconocida legalmente como tercera interesada.
Durante la protesta, los colectivos advirtieron que la falta de notificación y los constantes aplazamientos constituyen una forma de violencia institucional. Exigieron que el juez federal analice el expediente a fondo y respete la resolución previa emitida por un juez penal del distrito judicial de Cancún, donde se dictó la vinculación a proceso.
Francisca Mariner tenía 17 años cuando fue reportada como desaparecida el 22 de junio de 2020. Aunque su cuerpo fue localizado semanas después, permaneció más de cuatro años en el Servicio Médico Forense de Quintana Roo sin que las autoridades informaran a su familia, hecho que detonó una larga búsqueda encabezada por su madre y marcada por protestas, denuncias públicas y recorridos en diversos puntos del estado.
Actualmente, 13 exfuncionarios —incluidos exfiscales y responsables de áreas de Personas Desaparecidas y Homicidios— enfrentan procesos penales por presuntas irregularidades en la investigación.
Los colectivos alertaron que, de concederse el amparo, otros implicados podrían solicitar el mismo recurso, debilitando las medidas cautelares vigentes. Anunciaron que mantendrán vigilancia permanente del proceso judicial hasta que se informe oficialmente la nueva fecha de audiencia.
Para las organizaciones, el caso Francisca no solo representa una exigencia de justicia individual, sino un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a la negligencia y el derecho de las víctimas a la verdad.