La historia del buque Torm Agnes, que llegó en marzo al puerto de Ensenada con más de 100 mil barriles de diésel ilegal, revela una compleja red de contrabando de combustibles que involucra a empresas de Estados Unidos y México, así como presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según una investigación de Reuters.
La agencia de noticias sostiene que el combustible fue ingresado bajo documentos falsos y distribuido en tierra por operadores ligados al crimen organizado, en lo que se considera uno de los casos más grandes de evasión fiscal y corrupción portuaria en los últimos años..
De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, la operación fue organizada por Ikon Midstream, una compañía con sede en Houston que compró el diésel en Canadá, lo declaró falsamente como lubricante y lo envió a México en el Torm Agnes.
El cargamento fue recibido por una empresa regiomontana llamada Intanza, la cual, según autoridades mexicanas, funciona como una fachada del CJNG. Este mecanismo permitió evadir el impuesto IEPS, que habría representado cerca de siete millones de dólares en contribuciones fiscales, y facilitó la entrada del combustible a través de canales aduanales simulados.
El caso expone un modelo creciente de corrupción y evasión fiscal en el comercio energético entre México, Estados Unidos y Canadá. La investigación de la agencia de noticias señala que las importaciones ilegales podrían equivaler hasta a un tercio del mercado nacional de gasolina y diésel, lo que implica pérdidas fiscales superiores a 20 mil millones de dólares anuales. Además, los cárteles han encontrado en este negocio una fuente de ingresos paralela al narcotráfico, controlando rutas logísticas por tierra, tren y ahora también por mar.
El contrabando de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos no narcóticos para las organizaciones criminales mexicanas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, citado por Reuters.
Se estima que hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina corresponde a importaciones ilegales, cuyo valor anual podría superar los 20 mil millones de dólares. Los delincuentes evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que puede representar más de la mitad del valor de la carga, al declarar los hidrocarburos como productos exentos. Para ello, utilizan empresas fachada, documentos falsos y sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros.
