Autoridades municipales y organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad buscan que para diciembre algunas unidades del transporte público de Cancún estén equipadas para prestar el servicio a dicho sector.
Erick Maffassanti, líder del movimiento “Soy Capaz de Todo”, señaló que, hasta el momento, ninguna unidad del transporte público cuenta con el equipo necesario para poder prestar el servicio a estas personas, que equivalen a cerca del 15 por ciento de la población.
“Estamos impulsando, a través de mesas de trabajo, lo que es el transporte inclusivo. Hoy, lastimosamente nuestra ciudad no cuenta con ningún transporte público inclusivo y eso es una pena, porque eso limita y menoscaba los derechos de nosotros, las personas con discapacidad, porque no contamos con movilidad, es decir, no hay vehículos adaptados y no podemos trasladarnos”.
Señaló que, actualmente, hay miles de personas con discapacidad que no logran salir de sus casas, porque no hay ninguna unidad del transporte público que les permita moverse a algún lugar, ya que no cuentan con las medidas para adaptar dichos vehículos a sus necesidades.
Esto ocasiona que las personas con discapacidad no sólo no tengan acceso a fuentes de empleo, sino ni siquiera de educación, lo cual limita su desarrollo económico y personal.
El entrevistado indicó que esta situación sucede, pese a que la Ley de Movilidad estatal establece que los concesionarios de transporte público deberían de contar con, mínimo, un 10 por ciento de sus unidades adaptadas, es decir, que cuenten con rampa, piso bajo, paneles braille y alguna otra adaptación que permita que las personas con alguna limitación puedan usar estos servicios.
“Por ello estamos en mesas de trabajo con distintas autoridades en materia de vialidad y transporte municipal, así como con los concesionarios, para que se empiece a cumplir lo establecido”.
Incluso, recordó que en la mesa de trabajo pasada, se puso un plazo de seis meses para que las cinco empresas concesionarias del transporte público ya cuenten con unidades adaptadas.
Acerca del argumento de los concesionarios sobre que no pueden realizar dichas adaptaciones, porque no son costeables con la tarifa actual del servicio de transporte público, Erick Maffassanti respondió que no se pueden poner los intereses económicos sobre los derechos humanos de las personas, por lo que deben cumplir con lo establecido en la ley.
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