Internacional

Tribunal internacional admite reclamo por daños económicos de Vulcan Materials Company a México

El tribunal determinó que el predio La Rosita forma parte integral de las operaciones de la empresa en México y está estrechamente interconectado con los demás predios propiedad de la compañía y, por tanto, consideraron procedente la solicitud de la empresa para reclamar daños adicionales derivados de las acciones tomadas por el gobierno de México este año.

La firma estadounidense Vulcan Materials Company logró que se admita un reclamo por daños económicos adicionales a los 1,500 millones de dólares que exige a México mediante un arbitraje internacional iniciado desde el 2018, luego de que se clausuró en mayo pasado el predio La Rosita, perteneciente al municipio de Cozumel, desde donde extraía material pétreo para su exportación a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el propio Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mediante la orden procedimental número 7 emitida el 11 de julio de este año, pero que apenas fue hecha pública esta semana en la página del organismo.

Como parte de sus deliberaciones el tribunal determinó que el predio La Rosita forma parte integral de las operaciones de la empresa en México y está estrechamente interconectado con los demás predios propiedad de la compañía y, por tanto, consideraron procedente la solicitud de la empresa para reclamar daños adicionales derivados de las acciones tomadas por el gobierno de México este año.

El litigio iniciado en el 2018 ante el CIADI se origina desde el 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en el municipio de Solidaridad. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en éstos.

Otro de los reclamos por los que Vulcan Materials Company inició el arbitraje internacional es la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en el 2017, previo a interponer la querella por 1,500 millones de pesos en contra del gobierno de México.

A dichos reclamos se suma ahora la clausura del predio La Adelita, ejecutada en mayo del 2022 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la cancelación de los permisos para operar el muelle Punta Vendado, desde donde la compañía embarcaba el material pétreo hacia Estados Unidos.

La empresa no ha dado a conocer aún en cuánto incrementará el monto económico reclamado a México por los nuevos agravios que ha expuesto ante el CIADI.

El tribunal resolvió además que son procedentes las solicitudes de Vulcan Materiales para obtener medidas provisionales (cautelares) a efecto de que el gobierno de México se abstenga de realizar cualquier acción adicional que agrave o extienda el diferendo entre las partes, incluyendo los ataques públicos contra Vulcan o Calica a través de la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente ha mencionado al menos en 26 ocasiones a la empresa Calica, filial de Vulcan Materials, como perpetradora de un “desastre ecológico” en terrenos cercanos a la costa del Caribe mexicano en el municipio de Solidaridad.

Dichas acusaciones incluso fueron ventiladas en julio de este año ante la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a la cual el gobierno mexicano le entregó un expediente del caso.

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