Tras asegurar que el gobierno de Quintana Roo está en coordinación con los Ayuntamientos para dar puntual seguimiento a la revocación de la ampliación de la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakan, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gomez, confió en que les asistirá la razón ante las irregularidades e incumplimientos cometidos por la concesionaria.
Sobre el amparo promovido por Aguakan, Torres Gómez dijo que ya estaba contemplado por el gobierno y congreso estatal, así como por los Ayuntamientos, pues es parte del proceso jurídico que se está siguiendo, recurso que ahora les toca combatir para demostrar que les asiste la razón en este caso.
“Evidentemente esta acción fue combatida por Aguakan y está contemplada dentro de los pasos jurídicos que el propio gobierno del estado, la legislatura y obviamente los ayuntamientos tienen previsto y que es parte de este proceso”, explicó.
Reiteró la confianza del gobierno en que no habrá ninguna devolución o penalización monetaria en favor de Aguakan, ante las irregularidades e incumplimientos cometidos por la empresa, pero también por las violaciones legales que se tuvieron en la aprobación del decreto que dio pie a la ampliación de su concesión.
“Confiamos en que no habrá ninguna devolución, ninguna pena, porque ha incurrido en incumplimientos; basta con verificar las condiciones de la prestación del servicio, con la de inversión que debió haberse realizado en la primera concesión, que es algo que no se cumplió al 100 por ciento”, indicó.
La funcionaria estatal señaló que, de esta manera, lo que se combatió fue la ampliación de su concesión, lo cual se hizo en tiempo y forma para dejarla sin efectos antes de que cobrara vigencia en este año.
En ese sentido, dijo que la determinación de la XVII Legislatura parte de un análisis minucioso y responsable de las condiciones conforme a las cuales la pasada XIV Legislatura otorgó esta prórroga a Aguakan.
Cristina Torres dijo que, como parte de ese análisis, se detectaron vicios en dicho proceso, como por ejemplo en la ley de los municipios que establece que, al otorgar una concesión que excede el plazo de un ejercicio gubernamental municipal, se requiere hacer una serie de pasos que no fueron cumplidos.
“El vicio detectado por la legislatura es que este proceso no se dio conforme lo establece la ley, ya sea que no se ratificó por la propia legislatura o que las condiciones de otorgamiento de los diferentes contratos de concesión no cumplieron las disposiciones”, aclaró.
Por esta y otras irregularidades detectadas es que la XVII legislatura aprobó la revocación del decreto correspondiente y determinó que no se podía continuar con la prórroga de 30 años a Aguakan.
Finalmente, la secretaria de Gobierno indicó que la suspensión otorgada por un juez a favor de la concesionaria, es porque determinó que, en virtud que el agua es un derecho vital, no se debe de dejar de prestar el servicio y por eso se le entrega a Aguakan mientras se resuelve el caso y se tienen las condiciones para que el gobierno pueda operar.
