Quintana Roo

TEQROO desecha queja presentada por diputada de Movimiento Ciudadano

La diputada Maritza Basurto Basurto, representante de Movimiento Ciudadano en la XVII Legislatura del Estado, presentó ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) un Juicio Ciudadano, en el cual argumentaba que le negaron su derecho a participar en una de las sesiones ordinarias del Congreso.

Este día el pleno del TEQROO, en sesión pública y por unanimidad de votos declaró improcedente el Juicio Ciudadano JDC/031/2022, por lo que fue desechado de plano, debido a que el acto reclamado por la parte actora deriva de un hecho estrictamente político y de organización interna del Congreso del Estado, que no afectó su derecho político electoral a ser electa, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo.

Lo anterior, se determinó al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense -JDC/031/2022-, que presentará la diputada Maritza Basurto en contra de la supuesta negativa de la diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura de Quintana Roo, de concederle el uso de la voz, en el punto 5 de la sesión del 26 de octubre. Dicha negativa fue resultado de una interpretación que realizó la responsable, al artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En este caso el Pleno del TEQROO, de acuerdo a criterios jurisprudenciales, determinó que el acto impugnado no es tutelable por la jurisdicción electoral, debido a que el acto reclamado por la actora deriva de un hecho estrictamente político y de organización interna del órgano legislativo que no afectó su derecho político electoral a ser electa, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 31, fracción II, en relación con el 97, ambos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Es decir, existe una incompetencia material para conocer y pronunciarse en relación a este asunto, dado que la incorrecta interpretación que se alega al artículo 155 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado que regula las intervenciones de las diputaciones, se encuentra dentro de las atribuciones que tiene la Presidenta de la Mesa Directiva, por cuanto a la coordinación de las sesiones del Pleno de la Legislatura, lo cual es de naturaleza meramente administrativa y de organización interna de un órgano legislativo que forman parte del derecho parlamentario y no así un acto de índole electoral que incida en sus derechos político-electorales, por lo que no es objeto de estudio a través del Juicio de la Ciudadanía, ya que no se trata de una cuestión de carácter electoral.

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