Sin acuerdos, bloqueo de la vía corta a Mérida se mantiene
Ejidatarios de la localidad Graciano Sánchez, mejor conocida como La Pantera en el municipio de Bacalar, continuarán con el bloqueo de la carretera federal conocida como la Vía Corta a Mérida.
Esto después de que rechazaran una propuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia federal que les ofreció, a través de su Dirección Jurídica, 6 millones 516 mil 632 pesos para finiquitar la expropiación de 24 hectáreas que se utilizaron para construir la citada vía federal.
Esta deuda no es nueva, sino que está pendiente hace más de 50 años, puesto que los ejidatarios no han visto un solo peso correspondiente a la indemnización de sus terrenos.
De la cantidad que les ofreció la SICT, 563 mil 313 pesos son por las 24 hectáreas expropiadas, mientras que los 5 millones 953 mil 319 pesos restantes son por el rendimiento de la siembra y cosecha de frijol de tal año hasta la actualidad, es decir, lo que se dejó de producir en grano en todo el periodo evaluado.
Sin embargo, fueron en vano los intentos por parte de la SICT para desactivar el bloqueo de la Vía Corta a Mérida, ya que la propuesta fue rechazada por los comuneros.
El bloqueo continuará hoy hasta las 10 de la noche de este miércoles y se retomará mañana a las 05:00 horas.
Los ejidatarios piden un millón de pesos por hectárea, ya que señalan que en más de 50 años la SICT ha usufructuado la Vía Corta a Mérida.
Al bloqueo también llegó la subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno, Esther Burgos Jiménez, quien pidió a los ejidatarios conformar una mesa de diálogo y mediar su situación, aunque los campesinos también rechazaron su propuesta.
El asesor jurídico del ejido La Pantera, Nozarim Espino Solís, manifestó que por acuerdo de asamblea, aceptan la cantidad que ofrece la SICT, pero solo como un pago anticipado con base a la Ley de Expropiaciones.
Posteriormente se desarrollaría el procedimiento de conclusión de expropiación, como se realiza con Tihosuco y Tepich.
Consideran que la propuesta es discriminatoria, pues a otros ejidos se les indemnizó con un avalúo mayor, como en Bacalar donde en el 2012 la hectárea urbana costó nueve millones y la no urbana en dos.
En el bloqueo se acordó abrir la circulación cada 60 minutos, pidiendo una cuota “voluntaria” a los conductores.
Los vehículos que transporten a enfermos o tengan una emergencia, así como los que son de seguridad pública, fuerzas armadas y oficiales, tienen pase libre.
En el lugar hay elementos antimotines de la Policía Quintana Roo, para apoyar en cualquier situación que transgreda el orden, aunque hasta el momento no han intervenido