La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no reunirse directamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en medio de un paro nacional de 72 horas, ha generado cuestionamientos sobre la forma en que su gobierno gestiona el diálogo con el magisterio disidente.
Aunque la mandataria aseguró que “siempre hay diálogo”, precisó que este se mantiene exclusivamente a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de mesas tripartitas con autoridades estatales, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una postura distante frente a un conflicto activo. «Si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle?».
Uno de los puntos que más ha generado debate es su afirmación de que varias de las demandas del magisterio no pueden cumplirse por falta de recursos. Sheinbaum fue enfática al señalar que atender todas las exigencias implicaría incluso un aumento de impuestos, lo que abre interrogantes sobre las prioridades presupuestales de su administración.
La presidenta también evitó detallar con precisión las demandas de la CNTE, al responder que “hay que preguntarles a ellos”, lo que ha sido visto como una falta de posicionamiento claro frente a las exigencias del gremio.
En su defensa, Sheinbaum destacó los avances logrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la basificación de cerca de un millón de docentes y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asimismo, marcó distancia con administraciones anteriores, como la de Enrique Peña Nieto, a las que acusó de haber “satanizado” al magisterio.
No obstante, analistas señalan que el contexto actual pone a prueba el discurso de cercanía con los docentes, especialmente ante la negativa de un encuentro directo con uno de los sectores más movilizados del sistema educativo.
Mientras tanto, la CNTE mantiene sus protestas y exige respuestas concretas, en un escenario donde el gobierno federal insiste en que el diálogo continúa, pero bajo sus propios canales institucionales.
El llamado de la presidenta a que las manifestaciones sean pacíficas no ha disipado las críticas, que apuntan a una posible contradicción entre la apertura al diálogo que se promueve desde el Ejecutivo y la decisión de no encabezar personalmente las negociaciones.
