El Senado de la República ya tiene en sus manos el llamado “Plan B” en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, una propuesta que busca reducir costos en el sistema político y poner límites a los salarios de dirigentes partidistas y funcionarios electorales.
La iniciativa fue entregada este martes 17 de marzo a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, apenas una semana después de que el Congreso rechazara la reforma electoral original, la cual buscaba reducir el presupuesto de los partidos y quitarles el poder de seleccionar a dedo a sus candidatos parlamentarios, lo que requería modificar la Constitución.
A diferencia de ese intento, el nuevo “Plan B” se centra en cambios a leyes secundarias, lo que permite su aprobación sin mayoría calificada. El documento fue presentado por Juan Ramiro Robledo, enlace de la Secretaría de Gobernación, y ya cuenta con el respaldo de partidos aliados como el PT y el PVEM.
Entre los principales ajustes, se contempla establecer topes salariales para líderes partidistas y autoridades electorales, quienes no podrán percibir ingresos mayores a los de la presidenta. También se plantean medidas para transparentar sus percepciones y reforzar la fiscalización del dinero en campañas.
En este sentido, la propuesta incluye colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar posibles recursos de origen ilícito en procesos electorales.
Además, el plan contempla recortes a prestaciones y presupuesto de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales, así como una reducción gradual del 15% al presupuesto del Senado.
Otro punto relevante es la disminución del tamaño de la burocracia política, con la reducción de regidurías en ayuntamientos y la imposición de un tope al gasto de los congresos estatales, que no podrá superar el 0.7% del presupuesto de cada entidad.
También se propone ampliar el plazo para solicitar la revocación de mandato tanto del presidente como de los gobernadores.
Desde el Senado, el coordinador Ignacio Mier Velazco aseguró que la iniciativa seguirá el proceso legislativo ordinario y no será aprobada por la vía rápida, aunque estimó que podría discutirse y votarse antes del inicio de Semana Santa.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró que su objetivo es claro: reducir el gasto en procesos electorales y eliminar los privilegios dentro del sistema político.
