Con observaciones de la oposición, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 166 votos eliminar las “pensiones doradas” en México, con la reforma constitucional que busca limitar los montos que reciben algunos exfuncionarios públicos tras su retiro.
La propuesta forma parte de un paquete de reformas impulsado por el Gobierno federal para reducir beneficios considerados excesivos dentro de algunas dependencias públicas.
Quedan excluidas de estas disposiciones las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales del sistema de retiro, los sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión universal para adultos mayores prevista en el artículo cuarto constitucional, así como del Poder Judicial, situación que criticó Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano.
“Un poder judicial que le ha costado mucho al Estado, pero que en esta iniciativa no se le toca ni con el pétalo de una rosa y por eso nos preguntamos en razón de qué es que los integrantes de estos poderes se dejan fuera del alcance de esta iniciativa”, manifestó la emecista.
Entre los ejemplos de funcionarios beneficiados con la llamada “pensión dorada” se encuentran extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, donde alrededor de nueve mil jubilados reciben pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales.
En la discusión se destacó las pensiones de Luz y Fuerza del Centro que representan un gasto anual cercano a los 28 mil millones de pesos. En el caso de Pemex, el monto total destinado a pensiones alcanza los 24 mil 844 millones de pesos: además, se reporta que al menos 544 jubilados de esa empresa perciben ingresos superiores al salario de la Presidenta.
Situaciones similares también se registran en la Comisión Federal de Electricidad, donde existen más de dos mil pensionados que reciben ingresos mayores al sueldo presidencial, refirió Óscar Cantón Zetina.
Asimismo, se mencionaron casos en instituciones financieras públicas como Nacional Financiera, Banobras y Bancomext, donde también se registran pensiones superiores al salario de la titular del Poder Ejecutivo federal.
De acuerdo con el dictamen, la reforma está dirigida principalmente a exfuncionarios de alto nivel que ocuparon cargos directivos en organismos públicos.
Por esa razón, la propuesta no afectará al personal sindicalizado ni a trabajadores con contratos colectivos vigentes.
La iniciativa plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer límites en las pensiones otorgadas a altos mandos del sector público.
El oficialismo recordó que la iniciativa fue anunciada el pasado 18 de febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que el objetivo es eliminar pensiones elevadas otorgadas a exfuncionarios de alto nivel y ahorrar aproximadamente de cinco mil millones de pesos para el Estado.
En tanto, los senadores del PAN, PRI y MC avalaron la reforma para eliminar las «pensiones doradas» de exfuncionarios, fijando un tope máximo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales (50% del sueldo presidencial) y, aunque votaron a favor, expresaron su preocupación sobre la retroactividad de la medida, por lo que propusieron ajustes al método de cálculo.
En respuesta, Óscar Cantón Zetina aclaró que: «No hay ninguna retroactividad. Todo ese dinero que cobraron anteriormente y que siguen cobrando hasta que entre en vigencia esta ley, no le será pedido que lo devuelva, porque eso sí sería afectar un interés un derecho adquirido”.
La priista Carolina Viggiano se cuestionó: “Por qué no vemos aquí afectada la pensión de los ministros Arturo Zaldívar y Sánchez Cordero que hoy reciben además un sueldo como diputado federal y como funcionario del Gobierno federal. Tener la mayoría no significa tener la razón. Hacen las cosas porque pueden. No necesariamente porque deben”.
El panista Agustín Dorantes consideró que el tope máximo a estas jubilaciones se defina utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de basarse únicamente en el salario de la Presidencia de la República.
Aprobado el dictamen, el siguiente paso legislativo es remitirlo a la Cámara de Diputados y, al tratarse de una reforma constitucional, requerirá también el respaldo de al menos 17 congresos estatales para su entrada en vigor.
