El Senado de la República aprobó en lo general el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 87 votos a favor y 41 en contra.
La discusión continuará en lo particular, donde se analizarán cada uno de los artículos de la propuesta. Sin embargo, una reserva presentada por el Partido del Trabajo (PT) excluye la propuesta de revocación de mandato para 2027 y pasaría hasta 2028.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Ignacio Mier, afirmó que en las reservas del Plan B de la reforma electoral se quitará la propuesta relativa al artículo 35 constitucional sobre el cambio de fecha para la revocación de mandato, rechazada por sus aliados del Partido del Trabajo (PT).
“Primero, quiero decirles que hicimos todo un trabajo privado para dar resultados en el Pleno. Actuamos cuidando la arquitectura legal del país, con una visión de Estado. Cuidamos a la coalición que ha sido, es la coalición gobernante y que ha generado un cambio estructural al sistema político a través de la Constitución.
Y hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivos los principios que nos animaron a unirnos como coalición, que es la austeridad republicana, y todos los recursos que se generen van a estar destinados a quien es el legítimo dueño y soberano del presupuesto, que es el pueblo.
Todo el 35 se retira para que quede en sus términos, como está en la Constitución actualmente”, detalló el coordinador morenista.
La reforma electoral busca reducir el gasto electoral y promover la austeridad en el sistema político mexicano. Entre los cambios propuestos se encuentran la reducción del número de diputados plurinominales y la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Incluye limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los municipios, topar a .7 por ciento del presupuesto estatal los recursos asignados a los congresos locales, la eliminación de prestaciones onerosas a consejeros, magistrados y funcionarios de los órganos electorales, recortar un 15 por ciento el presupuesto del Senado de la República y se subsana la omisión de eliminar el lenguaje inclusivo.
También obliga a todo servidor federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México a ajustar sus remuneraciones, además de prohibir la contratación de seguros con recursos públicos.
La discusión en lo particular continuará en los próximos días, donde se definirán los detalles finales de la reforma.
El pleno del Senado aprueba en lo general el Plan B de la reforma electoral, pero mantiene en reserva el cuerpo normativo, es decir, aún no se avala la parte central de la reforma constitucional.
