Residentes de andara procederán contra ayuntamiento capitalino

Luego de que en días pasados el Ayuntamiento de Othón P. Blanco retirara las rejas y la seguridad privada de la Residencial Andara, uno de los fraccionamientos más exclusivos en la capital del Estado, la mayoría de los residentes se inconformaron y combatirán por la vía legal este procedimiento de municipalización de su colonia.
Fue el pasado 27 de abril cuando el Ayuntamiento capitalino, con ayuda de seguridad pública, llegó de manera sorpresiva a Andara y ordenó el retiro de las rejas y la vigilancia del acceso principal, argumentando la municipalización para dotar de servicios públicos a este fraccionamiento, como parte de un amparo interpuesto ante un juez federal.
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las 262 familias que viven en este asentamiento no tienen queja de los servicios, por lo que en reunión vecinal externaron su rechazo a la medida aplicada por municipio y aseguraron que la combatirán legalmente.
Señalaron que el proceso de municipalización de su colonia sigue en litigio, pero las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco procedieron a realizar un procedimiento administrativo, el cual consideraron excede sus facultades, ya que no mostraron un documento legal ni una determinación de un juez, llevándose parte del mobiliario de seguridad de esta residencial, además de los daños a la infraestructura.
La mayoría de las personas que viven en esta colonia están de acuerdo con los precios de mantenimiento y servicios que pagan, mientras que alrededor de 40 familias son las que están pidiendo la municipalización, pero sin respetar lo que pide la mayoría de los vecinos.
Valiéndose de artimañas legales, han logrado obtener resoluciones judiciales que contradicen el sentir de la mayoría de los vecinos, lo que derivó en que el jueves de la semana pasada las autoridades policiales y municipales se hicieran presentes en la colonia y, mediante el uso de la fuerza, se llevaran rejas, computadoras, celulares y otros objetos, todo sin una orden judicial.
Aunado a esto, el procedimiento administrativo de la municipalización no se concretó, solo quitaron la reja principal y el acceso a la etapa 2, pero al darse cuenta de la falta que estaban cometiendo, decidieron retirarse y pausaron todo.
La disputa legal continuará en tribunales federales, a la que se sumarán mediante amparos el resto de los propietarios que no están de acuerdo con la municipalización de su fraccionamiento.
Los afectados insisten en que la resolución final de este asunto todavía está pendiente en instancias federales, ya que a nivel local la resolución de este tema presentó muchas irregularidades, al grado que, de un mismo problema, se realizaron dos resoluciones opuestas, una situación que señalaron de inusual.