La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, tras operativos coordinados con fuerzas federales y estatales, fueron rescatadas 29 mujeres y un adolescente presuntamente víctimas de trata de personas en las modalidades de prostitución ajena y explotación laboral.
Las acciones se realizaron mediante órdenes de cateo otorgadas por jueces de control y ejecutadas en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, además de autoridades municipales.
Cateo en Cancún
El primer operativo se llevó a cabo en un bar ubicado sobre la avenida Rancho Viejo, en la Supermanzana 244 del municipio de Cancún, perteneciente a Benito Juárez.
En el lugar fueron localizadas seis mujeres —cinco mexicanas y una de nacionalidad cubana—, quienes presuntamente eran obligadas a convivir con los clientes y ofrecer servicios sexuales. También fue resguardado un adolescente mexicano, señalado como posible víctima de explotación laboral.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los clientes pagaban 250 pesos por una copa, lo que incluía que las mujeres se sentaran con ellos y permitieran tocamientos sexuales. Además, los servicios sexuales tenían un costo que oscilaba entre mil y dos mil pesos, de los cuales el establecimiento retenía el 50 por ciento.
Operativo en Playa del Carmen
El segundo cateo se realizó en un bar ubicado en la avenida 125 Sur, esquina con calle 17 Sur B, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
En este sitio fueron ubicadas 23 mujeres, de las cuales 18 son mexicanas y cinco extranjeras, quienes presuntamente ofrecían “fichas” o consumos con un costo aproximado de 200 pesos, además de servicios sexuales con precios de hasta mil 800 pesos, de los cuales igualmente la mitad era destinada al establecimiento.
Inmuebles asegurados
Tras concluir las diligencias, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en ambos bares, que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía estatal como parte de las investigaciones.
Las mujeres rescatadas fueron trasladadas a instancias especializadas para recibir protección, atención integral y acompañamiento legal, debido a su posible condición de vulnerabilidad y a fin de garantizar el respeto a sus derechos.
