En lo que va del año, Quintana Roo acumula 186 reportes de personas desaparecidas, lo que representa un promedio cercano a tres casos diarios, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte a las 14:30 horas de ayer.
Del total de reportes, 106 corresponden a hombres (56.99%), 78 a mujeres (41.94%) y el resto se mantiene sin especificar. Hasta el momento, 89 personas han sido localizadas (47.85%), entre ellas tres sin vida; mientras que 97 continúan sin ser ubicadas (52.15%).
Tan solo en enero se contabilizaron 71 denuncias por desaparición en la entidad, reflejando una tendencia que mantiene en alerta a familiares y colectivos ciudadanos.
Panorama en la Península
En comparación regional, Yucatán encabeza la lista con 654 reportes acumulados: 424 mujeres y 230 hombres. Actualmente solo ocho casos permanecen activos, ya que el resto fue resuelto; ocho personas fueron halladas sin vida.
Por su parte, Campeche registra 76 denuncias, de las cuales 11 siguen vigentes. En esta entidad, 42 corresponden a hombres y 34 a mujeres, con un caso confirmado sin vida.
Dentro de Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez concentra el mayor número de reportes, situación que lo colocó también el año pasado como la demarcación con más personas no localizadas.
Colectivos alertan sobre subregistro y riesgos
Integrantes de agrupaciones civiles advierten que las cifras oficiales no siempre reflejan la dimensión real del problema ni la complejidad de los procesos de búsqueda e identificación.
Eugenia Navarro, madre de familia, expresó su preocupación ante el contexto de violencia que atraviesa el país y llamó a fortalecer la vigilancia y comunicación dentro de los hogares.
Por su parte, María Patrón, integrante del colectivo Madres Buscadoras, señaló que detrás de cada expediente hay una historia y una familia que continúa en incertidumbre. “No son solo números; son personas que seguimos esperando”, manifestó.
Los colectivos coinciden en que el fenómeno de desapariciones en México requiere mayor atención institucional, transparencia en los registros y acompañamiento efectivo para las familias que enfrentan esta situación.
