La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, llegó a Quintana Roo para encabezar acciones estratégicas en el municipio de Bacalar, tras la pérdida paulatina de más de 30 mil hectáreas de selva ocasionada principalmente por la actividad menonita en ese municipio.
El objetivo es coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno, para reforzar la vigilancia y protección del manglar y la selva de Quintana Roo, de manera que se puedan prevenir prácticas ilegales de tala, desmonte, construcción, entre otras que no cuenten con los permisos ambientales correspondientes.
Como parte de la agenda, que contará con el acompañamiento y participación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se llevará a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Procuraduría Agraria, que permitirá una vigilancia más estrecha sobre la tenencia de la tierra y los usos de suelo que se le otorgan a comunidades externas.
Actualmente existen procedimientos administrativos y legales que autoridades ambientales mantienen abiertos contra los asentamientos menonitas de Bacalar, tras la tala y desmonte descontrolado, irregular y no autorizado de varias hectáreas de selva.
