Aunque contaban con toda la protección de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, un par de sus servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso por presuntamente coartar la libertad de expresión y atentar contra dos periodistas que cumplían su labor en dicha demarcación.
A pesar de que el hecho ocurrió el 28 de enero pasado, Mary Hernández no dio un pronunciamiento sobre el actuar de estos funcionarios, así como tampoco informó de sanciones en su contra, pretendiendo de esta manera burlarse de la ley.
Pero esto no le alcanzó porque la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo vinculación a proceso en contra de Joel Alberto “B” y Baltazar “D”, por su presunta responsabilidad en la limitación del ejercicio de una actividad periodística en Felipe Carrillo Puerto.
Los hechos corresponden a la limitación a la libertad personal que realizó Joel Alberto “B”, en su calidad de servidor público del rastro municipal de Felipe Carrillo Puerto, en contra de dos periodistas que reportaban sobre las condiciones de salubridad.
Los periodistas fueron encerrados en el rastro y privados de su libertad por varias horas, por haber sido sorprendidos realizando su labor de informar en atención a denuncias ciudadanas sobre las condiciones insalubres del lugar, algo que no le gustó a Mary Hernández quien, a través de estos servidores públicos, los amedrentaron y amenazaron.
Posteriormente, llegaron elementos de la Policía Municipal al mando de Baltazar “D”, quien les puso como condición para dejarlos ir, que se eliminaran todas las imágenes que habían tomado del lugar, limitando así su libertad de expresión y el derecho a informar a la sociedad sobre hechos de interés público.
El Juez de control competente en el Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, determinó que la FGR aportó los elementos suficientes para probar la presunta responsabilidad de los imputados, emitiendo la vinculación a proceso en su contra, tres meses para la conclusión de la investigación complementaria y determinó la imposición de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las víctimas y testigos.
Ahora la ciudadanía le exige a Mary Hernández que hable sobre este tema en su nuevo programa de radio, a través del cual promueve su imagen en la búsqueda de su reelección.
