Una iniciativa presentada en el Congreso para reformar el Código Civil del Estado de Quintana Roo con el fin de regular el derecho a la propia imagen ha generado cuestionamientos por parte del Observatorio Legislativo, que advierte posibles afectaciones a libertades y un presunto plagio de legislación vigente en la capital del país.
De acuerdo con un análisis difundido por el organismo, la propuesta reproduce casi de forma textual diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, aprobada en 2006 en la Ciudad de México.
El documento señala que varios de los artículos planteados en la reforma —entre ellos el 551 Quáter, 551 Quinquies y 551 Septies— contienen reglas prácticamente idénticas a las de esa legislación, particularmente en lo referente a la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento.
Entre las disposiciones incluidas se establece la prohibición de publicar o reproducir la imagen de una persona sin autorización previa, salvo en casos relacionados con funcionarios públicos, actos públicos o acontecimientos de interés general.
Según el Observatorio, aunque la exposición de motivos de la iniciativa argumenta que busca proteger a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes, esa justificación no se refleja de manera clara en el articulado que se propone incorporar al Código Civil estatal.
El análisis también recuerda que en la aplicación judicial de la ley capitalina se ha utilizado el criterio de “malicia efectiva”, desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, especialmente en asuntos relacionados con servidores públicos.
Asimismo, el organismo advierte que ya existen diversas normas federales y locales que protegen el derecho a la imagen y la privacidad, como la Ley Federal del Derecho de Autor, disposiciones del Código Penal y otras regulaciones relacionadas con la protección de menores y personas en situación de vulnerabilidad.
Ante este contexto, el Observatorio Legislativo concluye que incorporar esta regulación al marco legal de Quintana Roo podría generar interpretaciones judiciales subjetivas y abrir la puerta a posibles restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.
