México y Estados Unidos en busca de la fortuna oculta de García Luna
La batalla legal de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos carriles separados.
El Gobierno de México envió el 18 de octubre de 2021 una carta dirigida al reo número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Preso por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro García Luna recibía el aviso oficial de que las autoridades de su país también iban a abrir otro frente legal en su contra. “Deliberada e ilegalmente, usted obtuvo o usó un total de al menos 250 millones de dólares que legítimamente le pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento.
La demanda civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que el exsecretario de Seguridad Pública aprovechó sus contactos después de dejar su puesto y encabezó un esquema corrupto que desvió fondos públicos para crear un “imperio” inmobiliario en Florida. La bomba se filtró esta semana a los medios prácticamente al mismo tiempo que García Luna se sentaba en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio penal en Nueva York, en el que es señalado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de 20 años. Son dos pistas diferentes que siguen el rastro del dinero corrupto y que transcurren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narco y las autoridades mexicanas van tras él por fraude y malversación, con daños que ascienden hasta los 750 millones de dólares.
La batalla legal de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos carriles separados. El juicio en Nueva York es un caso penal contra el antiguo jefe de la Policía Federal, pero también tiene una derivada económica, ya que se le acusa de recibir “decenas de millones de dólares” en sobornos del narcotráfico desde 2001, a los pocos meses de que asumió como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Los nexos del exfuncionario y la delincuencia organizada se estrecharon especialmente cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero continuaron varios años después, incluso tras su detención en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no se zanjan con penas de cárcel, sino que suelen reclamar que el acusado pague dinero.
No hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaran en otros países. “Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en la agenda los reclamos de México en la corte de Miami. El mandatario ha dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas prioridades y que será un tema recurrente en sus conferencias de prensa diarias. El presidente ya se había quejado en varias ocasiones de que EE UU se suele quedar con la riqueza que políticos y narcotraficantes logran construir mediante actos criminales o de corrupción cometidos en México. “Es un drama judicial”, comentó sobre el juicio penal.
La batalla de la UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de controversia y de fuego amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se presentó ante la Corte del 11º Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la xxUIF. El brazo de la Secretaría de Hacienda contra el lavado de dinero contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometió a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimaba en 250 millones de dólares. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.
La contratación de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que mantuvo una pugna política contra Nieto cuando este fue parte del Gobierno federal. La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al funcionario de Hacienda de uso ilícito de atribuciones por haber contratado a la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento con el argumento de que México no cuenta con una representación jurídica para encabezar procesos semejantes en EE UU, y señaló que el contrato era equiparable al que suscribió la Secretaría de Relaciones Exteriores para contar con una representación legal en la demanda de México contra empresas armamentistas. Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la legitimidad del litigio y ponían en riesgo la recuperación del dinero público robado por García Luna.
No hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaran en otros países. “Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en la agenda los reclamos de Méxxico en la corte de Miami. El mandatario ha dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas prioridades y que será un tema recurrente en sus conferencias de prensa diarias. El presidente ya se había quejado en varias ocasiones de que EE UU se suele quedar con la riqueza que políticos y narcotraficantes logran construir mediante actos criminales o de corrupción cometidos en México. “Es un drama judicial”, comentó sobre el juicio penal.
La batalla de la UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de controversia y de fuego amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se presentó ante la Corte del 11º Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la UIF. El brazo de la Secretaría de Hacienda contra el lavado de dinero contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometió a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimaba en 250 millones de dólares. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.
La contratación de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que mantuvo una pugna política contra Nieto cuando este fue parte del Gobierno federal. La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al funcionario de Hacienda de uso ilícito de atribuciones por haber contratado a la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento con el argumento de que México no cuenta con una representación jurídica para encabezar procesos semejantes en EE UU, y señaló que el contrato era equiparable al que suscribió la Secretaría de Relaciones Exteriores para contar con una representación legal en la demanda de México contra empresas armamentistas. Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la legitimidad del litigio y ponían en riesgo la recuperación del dinero público robado por García Luna.
Información El País