La Fiscalía General de la República (FGR) señaló este viernes que cuenta con diversos datos de prueba contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustible operada mediante ferrotanques.
De acuerdo con el comunicado FGR 670/26, la institución indicó que la carpeta integra dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información que, según la Fiscalía, vinculan a Ernesto “N” con la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la empresa Ingemar, donde habría fungido como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La FGR indicó que las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada permitieron identificar una red que presuntamente utilizaba ferrotanques para movilizar combustible a través de una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. La dependencia también sostuvo que la compañía registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que no serían congruentes con su perfil fiscal.
Según la Fiscalía, durante las entrevistas, Ruffo reconoció poseer el 49% de las acciones de Ingemar y tener conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en pedimentos de importación por volúmenes de apenas 10 mil litros.
Proceso penal sigue en curso
La FGR precisó que el proceso penal continúa ante la autoridad judicial competente, que será la encargada de valorar los datos de prueba y determinar lo que corresponda conforme a derecho.
El caso ya había generado un pronunciamiento de la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando informó que Ruffo abandonó el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” después de que un juez autorizó que la prisión preventiva se cumpliera en su domicilio por razones humanitarias relacionadas con su edad y estado de salud. La FGR aclaró entonces que esa modificación no detenía ni alteraba el proceso penal.
La dependencia recordó que el exmandatario mantiene la presunción de inocencia y que únicamente podrá considerarse responsable de los delitos que se le imputan si existe una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.
