La iniciativa denominada “Propia Imagen” fue retirada formalmente del Congreso del Estado de Quintana Roo, luego de que los diputados promoventes presentaran el desistimiento correspondiente ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo.
De acuerdo con los legisladores, la decisión se tomó tras escuchar las preocupaciones expresadas por integrantes del gremio periodístico y por asociaciones de profesionales del derecho, quienes advirtieron posibles implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
Los diputados señalaron que el retiro de la propuesta responde a la apertura al diálogo con distintos sectores de la sociedad, particularmente con quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos relacionados con la información y la libre manifestación de ideas en Quintana Roo.
Buscarán replantear la propuesta
Durante el proceso de revisión, los legisladores coincidieron en la necesidad de replantear el contenido de la iniciativa para evitar ambigüedades o interpretaciones que pudieran afectar el ejercicio periodístico.
Indicaron que retirar la propuesta permitirá realizar un análisis más amplio para elaborar una nueva iniciativa con mayor claridad en sus alcances y objetivos.
El planteamiento original estaba enfocado en proteger a personas víctimas del uso indebido de su imagen, particularmente en entornos digitales, donde herramientas tecnológicas pueden utilizarse para manipular contenido.
Riesgos por uso de tecnología
Los legisladores señalaron que uno de los retos actuales es enfrentar prácticas relacionadas con la manipulación de imágenes, videos o contenidos mediante Inteligencia Artificial, que en algunos casos pueden emplearse para dañar la reputación de las personas o cometer delitos.
Por ello, adelantaron que continuarán trabajando en una nueva propuesta que establezca mecanismos de protección para las víctimas de este tipo de prácticas, sin afectar derechos fundamentales como la libertad de prensa.
Finalmente, indicaron que el proceso de elaboración de una futura iniciativa incluirá el diálogo con periodistas, especialistas en derecho, académicos y organizaciones civiles, con el objetivo de construir un marco legal equilibrado que garantice tanto la protección de las personas como el respeto a la libertad de expresión en la entidad.
