Diputada presenta iniciativa para sancionar ‘terapias de conversión’ en QRoo, grupos religiosos se inconforman
La iniciativa establece una pena de 2 a 6 años de cárcel y una multa de mil a dos mil UMAS a la persona física que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca, financie o someta a terapias de conversión, entendiéndose como éstas a aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos, prácticas, retiros, campamentos, tratamientos o cualquier tipo de servicio
La diputada de la XVII Legislatura, María Fernanda Cruz Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Quintana Roo, mediante la cual propone sancionar las “terapias de conversión” en la entidad.
La iniciativa establece una pena de 2 a 6 años de cárcel y una multa de mil a dos mil UMAS a la persona física que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca, financie o someta a terapias de conversión, entendiéndose como éstas a aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos, prácticas, retiros, campamentos, tratamientos o cualquier tipo de servicio, que tenga por objeto con o sin fines de lucro, la pretensión de modificar, reprimir, reorientar, menoscabar, restringir, anular, suprimir o cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, en las que se emplee cualquier tipo de violencia, tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la integridad y dignidad humana.
Además, la sanción aumentará al doble cuando se hagan en contra de menores de edad, personas adultas mayores, con alguna discapacidad o personas que no cuenten con la capacidad de comprender el hecho. En estos casos el delito se perseguirá de oficio, mientras que en casos diferentes será por querella.
En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima sean quienes incurran en las conductas sancionadas, se les aplicará una amonestación o apercibimiento y 15 días de trabajo a favor de la comunidad.
La iniciativa señala que, en el año 2015, el grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que las supuestas “terapias” que buscan “modificar” la orientación sexual o identidad de género sobre las personas LGBTTTQIA+ son carentes de ética, sin bases científicas e ineficaces, además de poder llegar a la tortura.
El 2 de junio de 2022 el estado de Puebla legisló para la prohibición de las también llamadas ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género), recibiendo este nombre porque no son reconocidas como “terapias” aunque se les anuncia como tal, tratándose de prácticas que no pertenecen a la medicina ni la psicología formal.
Otros estados que también han prohibido estas prácticas son Jalisco, Yucatán, Colima, Zacatecas y Baja California Sur, en el 2021; así como el Estado de México y la Ciudad de México, cuya prohibición se hizo en 2020. A nivel mundial las ECOSIG están prohibidas en Francia, Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Canadá, Grecia y Malta, señala la propuesta legislativa.
Esta iniciativa inconformó a los grupos religiosos, donde la Comunidad Cristiana ha convocado a una marcha en Chetumal el próximo 21 de marzo para manifestar su rechazo.
Señalan que con esta iniciativa se afectará a las 600 iglesias que integran la comunidad cristiana y sus familias, por lo que están pidiendo dar marcha atrás a la propuesta.
