Nacional

Dan auto de formal prisión a José Luis Abarca y si esposa, implicados en el caso de Ayotzinapa

Abarca como Pineda Villa deberán enfrentar un proceso por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, luego de que fueran señalados por tener una relación con el grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Un juez federal dictó un auto de formal prisión contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos señalados por el Caso Ayotzinapa.

Enrique Beltrán Santes, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, detalló que tanto Abarca como Pineda Villa deberán enfrentar un proceso por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, luego de que fueran señalados por tener una relación con el grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Dicha acusación se basa en un testimonio donde detalla que el matrimonio dio presunta protección a dicho grupo organización criminal, a quien también se le acusa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

El nuevo proceso penal se da luego de que la semana pasada José Luis Abarca fuera absuelto por el juez federal juez Samuel Ventura por la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, lo que ocasionó una nueva embestida del Gobierno de México contra el Poder Judicial.

La polémica alrededor de las investigaciones del caso se reavivó este año tras el informe de la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que concluyó el 18 de agosto que se trata de “un crimen de Estado”, que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos, y que reconoció la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas.

La comisión rechazó la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.

La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Información de López-Dóriga Digital

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