La reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se convirtió en un hecho inédito en el proceso legislativo mexicano al alcanzar su validez constitucional en un tiempo sin precedentes.
En menos de 12 horas, la iniciativa logró el respaldo de 17 congresos estatales, el mínimo requerido para aprobar una reforma constitucional, marcando así un nuevo récord en la historia reciente del país.
Aunque la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma a las 14:32 horas de este jueves, para ese momento ya se había alcanzado el número necesario de avales estatales, incluso minutos antes.
¿Cuáles son los estados que aprobaron la reforma electoral?
El ritmo de aprobación superó el registro previo de 2024, cuando la reforma al Poder Judicial consiguió el mismo respaldo en más de 21 horas.
Los estados que respaldaron la iniciativa en este proceso acelerado fueron:
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.
Fue Veracruz el estado que otorgó el voto número 17, con lo que se consolidó la validez constitucional de la reforma.
Entre tensiones y choques políticos, aprueban reforma
El aval legislativo no estuvo exento de tensiones. La discusión en San Lázaro se extendió por más de 14 horas, en medio de confrontaciones entre legisladores.
La reforma fue aprobada con 343 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, frente a 124 votos en contra del PAN y PRI.
Durante el debate se presentaron 137 reservas y participaron más de 130 oradores, en un ambiente marcado por acusaciones y fuertes intercambios entre las distintas bancadas.
Reforma electoral redefine reglas
El llamado Plan B contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con impacto tanto a nivel local como federal.
Entre los principales ajustes destacan:
- Reducción del número máximo de regidores por ayuntamiento a 15, además de un síndico
- Límite al presupuesto de los congresos estatales, que no podrá superar el 0.70% del gasto estatal
- Restricciones a prestaciones adicionales en institutos y tribunales electorales locales
- Nuevas facultades para regular beneficios de funcionarios del INE y del Tribunal Electoral
De acuerdo con sus impulsores, estos cambios buscan reducir costos y hacer más eficiente el sistema electoral, aunque han generado críticas por parte de la oposición.
